Un juez de control vinculó a proceso al abogado Juan Collado Mocelo por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El impartidor de justicia le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que deberá cumplir en el Reclusorio Norte y dio un plazo de seis meses para la conclusión de la investigación complementaria.
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Durante la audiencia que inició en la noche del martes y concluyó en las primeras horas de este miércoles, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al litigante de participar en una organización delictiva dedicada a la suplantación de identidad para adquirir bienes y luego ocultar los ingresos ilegalmente adquiridos en el sistema financiero nacional a través de cuentas personales.
La denuncia de Sergio Hugo Bustamente propietario de un terreno que se localiza en el estado de Querétaro, en la que se involucró a Collado Mocelo, al llamado "Rey de los Casinos" Javier Rodríguez Borgio y al ex presidente de Caja Libertad —acusado de fraude en 2010\u2013, José Antonio Rico Ricos, fue lo que llevó a la FGR a judicializar el caso y solicitar la orden de aprehensión.
Los señalamientos realizados en la audiencia refieren que a través de las empresas Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros, el grupo llevó a cabo la transferencia de un predio a su favor y posteriormente lo vendieron para la construcción de un centro comercial.
La transacción original se realizó mediante la suplantación de identidad y la falsificación de firmas de quién se ostentó como verdero dueño del lote, Sergio Hugo Bustamante, en 2010, por un monto de 156 millones mas IVA.
El terreno, tras la construcción del centro comercial, actualmente está valuado en 700 millones de pesos.
Según la investigación realizada por la FGR, que tardó dos meses en integrar la carpeta de investigación, de los recursos obtenidos por la transacción ilícita, Collado Mocelo habría obtenido 24 millones de pesos que fueron enviados directamente a sus cuentas personales mediante de transferencia electrónicas en 2015.
El esquema de operación, según los agentes del Ministerio Público, se realizó de la siguiente manera: Collado y el empresario financiero José Antonio Rico constituyeron empresas fachada y simularon las operaciones, a través de las compañías Operadora inmobiliaria del Centro y Libertad Servicios Financieros, mientras que José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez, sirvieron como prestanombres y de testigos de las operaciones falsificadas, mientras que Tania Patricia García Ortega se encargó de la operación financiera y de introducir los recursos al sistema financiero nacional.
En la audiencia se señaló que un testigo de la Fiscalía informó que parte de los recursos obtenidos por la simulación de estas operaciones, se entregarían al entonces candidato a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez, quien hoy gobierna esa entidad. Supuestamente se le entregarían dos portafolios con dinero, sin que se hubiera constatado que los recursos fueron entregados.
Asimismo, se refirió que Javier Rodríguez Borgio, "El Rey de los casinos" participó en la constitución de una de las empresas a través de las cuales se diluyeron los recursos obtenidos por la transacción que concluyó con una segunda venta del predio en 2015 y con la cual se inició la construcción del centro comercial.
En su denuncia Sergio Hugo Bustamante declaró no reconocer las firmas con las cuales se traspasó la propiedad y acusó la suplantación de identidad por parte de los inculpados de cometer los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En el pliego de consignación con base en el cual se obtuvieron las órdenes de captura fue la FED/SEIDF-UNAI-CDMX/000949/2019, y en ella no se solicitó mandamiento judicial en contra de Rodríguez Borgio, quien presuntamente está relacionado además de la obtención ilegal de permisos para la operación de centros de apuestas.
Durante la diligencia Juan Collado sufrió espasmos que presuntamente fueron originados por padecimientos cardíacos, situación por la cual se interrumpió momentáneamente la audiencia a las dos de mañana, y aunque estaba presente su cardiólogo, su defensa solicitó una ambulancia, que no fue necesaria ya que luego de unos minutos continuó con el desahogo de las pruebas aunque su médico señaló que padece hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos y ello le generó sudoración, leve parálisis facial, dolor en el pecho y taquicardia.
Los defensores de Collado solicitaron al juez Jesús Eduardo Vázquez Rea, que a su cliente no le dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque ello dañaría la imagen pública del litigante y las empresas que representa, a lo que el juzgador respondió que no se trata de una cuestión de imagen sino que así lo establece el Código Penal por el tipo de delito que se le imputa.