Las comisiones unidas de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados finalmente aprobaron el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana del Estado, impulsada por la mayoría en el recinto y el Gobierno de México.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analizan el dictamen que:
\u27a1 Expide la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado https://t.co/z1vMFBLlrA
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 30, 2019
La votación mayoritaria fue de 42 a favor y 18 abstenciones, por parte de las bancadas de oposición, más el Partido Verde (PVEM).
El coordinador de esa fracción, Arturo Escobar, pidió al titular de la Comisión de Presupuesto comprometer que se respetarán los acuerdos de acordar cambios al dictamen, y que no suceda como en otras reformas, donde la fracción mayoritaria saca reservas no previstas, con el fin de regresar a la propuesta de dictamen "original" o bien, a su "original intención".
Palabras de nuestro coordinador @ArturoEsc sobre la aprobación de la #ReformaEducativa pic.twitter.com/6RKyvULWMA
— Diputados Verdes (@DiputadosVerdes) April 25, 2019
Más de ocho horas antes, los integrantes de dichas instancias se reunieron por apenas 12 minutos, para abrir un largo receso se alargó hasta las 10 de la noche.
La oposición denunció y lamentó el desaseo en el proceso parlamentario e incluso que el dictamen haya sido enviado de manera informal a través de la aplicación WhatsApp.
Por la noche y al fijar posicionamientos, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluso del Partido Verde (PVEM), coincidieron en que la norma es innecesaria, porque sus elementos ya están previstos en otros ordenamientos.
Solo se busca que el Ejecutivo envíe un "mensaje político" con una nueva ley de "nombre bonito", alertaron.
La reforma, afortunadamente, señalaron algunos congresistas, ya no incluye elementos inaceptables, como el establecer el sábado un día más en la jornada de trabajo de los empleados públicos; aunado a que retira los cambios previstos a la Ley Orgánica del Congreso.
En su intervención, el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, señaló que el interés del proyecto es terminar con la "práctica de ver los recursos públicos como un botín privado"
Destacó que entre otros gastos superfluos, se terminará con la asignación de choferes a funcionarios públicos y de personal federal exclusivamente al servicio de titulares de dependencias.
El diputado del PRD, Antonio Ortega, lamentó que la Cámara legisle en función de las órdenes del Ejecutivo.
El Presidente de la República "ha ordenado" a diputados que salga la iniciativa este martes 30 de abril, so pena de que se emita un decreto o un memorándum, como en la Edad Media cuando el Rey pegaba sus resoluciones en los árboles o en las paredes, ejemplificó Ortega Martínez.
Calificó como como positivo que se implementen acciones contra el nepotismo, el uso de tecnologías de la información para ahorrar recursos, eliminar las jornadas sabatinas de trabajo y el plazo de 10 años a quienes terminen un encargo, para no desempeñarse en la iniciativa privada, como en algún momento refirió el Primer Mandatario.
Sin embargo, Ortega calificó el proyecto como "una ley mala", cuyos elementos ya están previstos en otras leyes.
El diputado del PRI, Fernando Galindo, recalcó que nadie puede oponerse al mejor ejercicio de los recursos públicos, pero está en duda si se requiere una nueva ley, cuando otras normas ya contemplan esas disposiciones.
El fin de la Ley de Austeridad, apuntó, es mandar "un mensaje bonito", con una ley de nuevo nombre, pero que se duplica con otros ordenamientos, alertó Galindo Favela.
En defensa del proyecto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, afirmó que el único fin es terminar con los abusos en el gasto.
Se respetarán los derechos de los trabajadores, relativos a la jornada laboral; así como la facultad del Legislativo a modificar y determinar su propia Ley Orgánica, enfatizó.
La finalidad, insistió Ramírez Cuéllar, es que se exprese en la ley la decisión acabar con la falta de transparencia en fideicomisos; ordenar la contratación de servidores públicos; así como frenar la duplicidad de acciones y funciones entre dependencias.
El proyecto subraya que los contratos de obras y servicios públicos se realizarán prioritariamente por licitación; las compras gubernamentales se harán de manera "consolidada"; y se prohibirá la adquisición de seguros de vida y gastos médicos mayores privados con recursos federales.
Quedarán prohibidos los viajes de avión en primera clase o equivalente; se eliminarán los gastos de protocolo y ceremonial; restringirá la compra de vehículos; y prevé que los aviones y helicópteros de uso oficial que no sean indispensables se subastarán, excepto los destinado a actividades de seguridad, protección civil y traslado de enfermos.
Cancelará todo gasto en remodelación de oficinas con fines estéticos; así como la compra de muebles de lujo.
Prohibirá los bonos, pagos extraordinarios y cualquier otro beneficio económico o en especie no previsto en las percepciones de ley.
Se cancela la creación de plazas en el gobierno y restringe la contratación de personal por honorarios; aunado a que prohíbe la compra de vehículos de lujo.
Reduce los gastos en viáticos y viajes; prohíbe la creación de cajas de ahorro; y establece que se sancionará a todo aquel que directamente o a través de terceros, promueva la contratación de personas.
Asimismo, prohíbe que funcionarios públicos reciban regalos, prebendas, recursos económicos o en especie, por realizar su trabajo o a cambio de que realicen determinada acción.
Deja de lado la disposición que obligaba a funcionarios públicos a alargar su jornada laboral hasta los sábados.