En 2020, el Poder Legislativo avanzó de manera relevante en paquetes de reformas en materia de combate a la violencia de género y paridad en todos los ámbitos, incluyendo el político y gubernamental.
Sin embargo, los recortes presupuestales a esos programas han sido considerables y podrían afectar el cumplimiento en los hechos, de dichas disposiciones, advirtió la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados.
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La diputada Erika Sánchez señaló que para el tema de centros de justicia para mujeres, capacitación de funcionarios y difusión de dichas acciones, solo habrá 60 millones de pesos, equivalentes a menos de dos millones de pesos por estado, lo cual resultará claramente insuficiente.
"El día de hoy, para este 2020 van a tener 60 millones de pesos. 60 millones de pesos repartidos en 32 entidades, estamos hablando de un poco menos de dos millones de pesos para cada entidad. No es suficiente ese recurso para capacitar a quienes atienden el tema de violencia de género a través de los centros de justicia para mujeres, para quienes están en los ministerios públicos, para que podamos difundir a la población y a la sociedad y multiplicar el mensaje que hoy, la violencia política y la violencia en general" contra las mujeres, va a tener una sanción, dijo.
Modificaciones legales para enfrentar la violencia política de género, la violencia digital e incluso las alertas por violencia de género, no contarán con los recursos indispensables, apuntó.
Ello, sin contar con el tratamiento al tema de estancias infantiles y proyectos productivos en el campo, como el programa de mujeres rurales, añadió.
La integrante de la Comisión de Hacienda de San Lázaro indicó que las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno Federal, han debilitado los recursos a programas y políticas de protección y empoderamiento de las mujeres.
Dicho tratamiento presupuestal a los temas de género, indicó, contrasta por completo con los recursos millonarios destinados a programas sociales del interés del Ejecutivo Federal, como la pensión para adultos mayores, becas para estudiantes, así como el programa de empleo para jóvenes que no estudian y tampoco tienen empleo.
La diputada Sánchez Martínez recordó que en el último año, la Cámara de Diputados aprobó cambios legales para favorecer el acceso de las mujeres a espacios gubernamentales y en los Poderes de la Unión, sanciones a la violencia política de género, a la violencia digital, así como apoyo a las trabajadoras domésticas.