La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma el artículo cuarto constitucional, en materia de bienestar.
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del recinto preve establecer el "estado de bienestar", obligando al Estado mexicano a garantizar la entrega de apoyos económicos a la población, en particular de adultos mayores y personas con discapacidad.
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El planteamiento cumple con la corriente ideológica que el Ejecutivo Federal ha enarbolado desde su inicio, centrada en el respeto de los derechos de los adultos mayores, niñas, niños, personas con discapacidad e indígenas .
Destaca la necesidad de reformar la Constitución a fin de establece la obligatoriedad para el Estado reconocer el derecho a una pensión no contributiva.
Lo anterior con el propósito de auxiliar a quienes viven en pobreza, incluyendo a estudiantes de escasos recursos en todos los niveles educativos.
"La ley, conforme a la disponibilidad de recursos, creará un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cualitativa y cuantitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social", dice la propuesta de reforma.
"El Estado garantizará el goce de un apoyo económico de las personas que tengan discapacidad permanente en los términos y condiciones que fije la ley. Para el goce de esta prestación tendrán prioridad los mexicanos menores de 18 años, los indígenas de hasta la edad de 64 años y la población mexicana que se encuentra en condición de pobreza", agrega.
"Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fija la ley. En el caso de los indígenas esta prestación se otorgarán a partir de los 65 años de edad", dice.
"El Estado, conforme a la disponibilidad de recursos, deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación", refiere.
Establece que el Congreso de la Unión, tendrá un plazo de hasta un año para armonizar el marco jurídico en la materia, incluyendo cambios en las leyes que permitan dar cumplimiento gradual a las disposiciones, conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de ingresos.
Asimismo, deberán tomar en cuenta la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos señalados.
El texto recalca que los montos asignados a la atención médica y medicamentos gratuitos, apoyo a personas con discapacidad permanente, pensiones para personas adultas mayores y becas de estudiantes en pobreza, no podrá ser disminuido en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal anterior.