El Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, a través de su director general Francisco Rivas, advirtió que las condiciones de seguridad empeoraron dramáticamente en México con relación al año pasado, con el incremento de delitos como el homicidio doloso, secuestro, extorsión y otros y, de no modificarse la estrategia, esta tendencia podría continuar.
En conferencia de prensa, explicó que durante este año, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó sólo el 0.89% del Producto Interno Bruto (PIB) al combate a la delincuencia y violencia, lo que significa que es el año con menores recursos en la historia del país y aun así se gasta poco y mal y para el próximo año, con un incremento del 8% con relación a este año, solo se invertirá menos del 2% del PIB.
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El Observatorio destacó que las cifras encontradas en los primeros diez meses de este año muestran un incremento de 1.4% en homicidio doloso; .8 en culposo; 4.5% en secuestros; 34% en extorsión; 14% en trata de personas; 5.2% más en robo a negocios; 10.1% en violación y 19.6% más en narcomenudeo.
Ante estás cifras, el director Francisco Rivas recordó la reciente declaración formulada por el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Alfonso Durazo Montaño, quien previo al operativo fallido en Culiacán, hablaba de un punto de inflexión en el delito de homicidio doloso, esto dijo, solo se trata de una disminución en el crecimiento de las cifras, pero no significa que la cifra vaya a la baja.
En contra parte, este gobierno ha desaparecido algunos indicadores importantes en la materia, tales como los porcentajes de consolidación del sistema de seguridad nacional; ya no se habla de tasas de internos hacinados en centros penitenciarios o de los indicadores por ejemplo, ha desaparecido la tasa de cumplimiento de las órdenes de aprehensión o de sentencias condenatorias obtenidas, entre otras.
Además, señaló que no existe evidencia por parte de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) de un combate real a la delincuencia porque se dejan intactos sus patrimonios, es decir, se trata de combatir a las organizaciones criminales con instituciones más débiles.
Finalmente advirtió de los riesgos que implica que se mantenga por parte del gobierno de López Obrador, la tendencia a centralizar el presupuesto y las acciones de combate a la delincuencia y la violencia, cuando la mayoría de los delitos son del fuero común y se cometen desde los municipios y estados.