Tras la publicación este martes en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, celebró su entrada en vigor a partir de mañana 20 de noviembre.
Mediante un comunicado, Sandoval Ballesteros, destacó que se trata de "un compromiso del gobierno de México para acabar con el dispendio y la corrupción, prevenir los conflictos de interés y fortalecer el gasto social".
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Entre los puntos que destaca de la legislación, refiere que ésta "frena el derroche, separa el interés público del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente los derechos sociales, como educación, salud y bienestar social".
"Esto significa que, a diferencia de la austeridad neoliberal, en la ley actual hay una lógica de progresividad de los derechos sociales, sin afectar el gasto social. Por el contrario, la austeridad republicana generará más recursos para servicios médicos y otros", expuso.
En ese sentido, la funcionaria instruyó a los 213 Órganos Internos de Control y las dos unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, a ser los garantes del cumplimiento de esta nueva ley en toda la Administración Pública Federal.
Para evitar conflicto de interés, mandata que, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en alguna institución pública, las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares.
Establece un periodo mínimo de 10 años para que los altos servidores públicos, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no puedan ocupar puestos en empresas que hayan supervisado o regulado, con la finalidad de impedir la entrega a éstas de información privilegiada.
"Prohíbe la autorización de pensiones de retiro al titular del Ejecutivo Federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez", destaca el texto.
Obliga a eliminar la duplicidad de funciones y las plazas con nivel de dirección general adjunta que no ejerzan facultades contempladas expresamente en la normatividad e impide la constitución o celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social, y seguridad pública, entre otros.
"La ley establece la constitución de un Comité de Evaluación responsable de promover y evaluar las políticas y medidas de adoptadas en la Administración Pública Federal, y entregar informes anuales a la Cámara de Diputados", enfatizó.