Al cumplirse dos años de los sismos registrados en el mes de septiembre del 2017; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó una serie de actos de corrupción en la operación del colegio Enrique Rébsamen en el que perdieron la vida 26 personas, 19 de ellas eran niños.
Por este motivo, el organismo emitió la Recomendación 31VG/2019, dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), al Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y la alcaldía de Tlalpan, quienes deberán reparar el daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas, que incluya atención médica, psicológica y, en su caso, tanatológica, psiquiátrica y de rehabilitación e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.
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Además, deberán ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares, así como realizar un memorial con el nombre de todas las personas menores de edad y adultas que allí fallecieron.
La CNDH dio a conocer que identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción, entre los que se encuentran diversos correos electrónicos respecto de los avances y autorizaciones que la demarcación territorial concedía al colegio para la realización y continuación de las obras en un cuarto piso.
También detectó anomalías en la autorización de la SEP para que el colegio impartiera los niveles de preescolar, primaria y secundaria sin cubrir con la totalidad de los requisitos como el uso de suelo; inconsistencias de los programas de protección civil para la escuela primaria y la escuela secundaria, ya que no contaba con Programa Interno de Protección Civil desde que inició su funcionamiento.
De acuerdo con la investigación de la CNDH, la SEP incurrió en omisiones al expedir los acuerdos de autorización, además de que el personal que realizó las visitas de verificación no dio aviso a su superior jerárquico que en ese plantel se encontraba una construcción utilizada como vivienda en un cuarto piso y que se estaba impartiendo educación de otros niveles sin que al momento de la visita contara con la autorización.
A su vez, la entonces delegación Tlalpan incurrió en una serie de irregularidades en materia de uso de suelo y visitas de verificación de la construcción, además de que fue omisa al no cumplir la orden de clausura, en verificar y supervisar las obras sin apego a las normas de construcción y en tolerar que se construyera un cuarto nivel en una zona que sólo estaba permitida para tres.