La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad de la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años del morenista Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, tal y como lo aprobó el Congreso local.
Con el voto en contra de los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez, desecharon analizar la acción declarativa interpuesta por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y las impugnaciones de diversos partidos, al argumentar que "carecen de legitimación para promover la acción pues no forman parte del conflicto jurídico y tampoco pueden acudir a nombre de ciudadanos de Baja California".
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La magistrada Janine Otalora aseveró que el Tribunal si tiene atribuciones para definir qué se puede o no hacer en un país democrático.
"El mensaje que la Sala Superior debe dar es aclarar con todas sus letras que dicha constancia de validez es acorde con el sistema normativo vigente en ese momento; es decir que el Gobernador fue electo para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021 y esto es acorde con los principios democráticos establecidos en el articulo 40 de la constitución federal ninguna reforma posterior puede aplicarse de manera retroactiva y menos aún en perjuicio del voto de la ciudadanía".
Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez aseguró que si debían pronunciarse sobre este caso porque la reforma del Congreso de Baja California viola la Constitución.
"Este decreto viola los principios definidos en los artículos 41, 99 y 105 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en otras palabras, los distintos partidos políticos postularon candidaturas para competir por una gubernatura de dos años la ciudadanía voto bajo esas mismas condiciones, la autoridad electoral emitió una constancia de mayoría y los orgamos jurisdiccionales analizaron y ratificaron la validez de la elección para un periodo de dos años".
Sin embargo, el resto de sus compañeros consideraron que no tenían atribuciones para discutir el asunto, porque la constitucionalidad dependerá de lo que determine la Suprema Corte.