A cuatro años de haber sido liberada, luego de pasar casi siete años en la cárcel por haber sido acusada injustamente de participar en el secuestro y homicidio del hijo del empresario Alejandro Martí,
La Procuraduría de Justicia capitalina y el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México emitirán una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad institucional en favor de Lorena González Hernández, quien pasó siete años en la cárcel injustificadamente, acusada de participar en el secuestro y muerte de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí.
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Esta determinación surge a cuatro años de que Lorena, ex trabajadora en la Policía Federal, recobró su libertad, en virtud del desvanecimiento de pruebas "fabricadas en su contra".
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) informó que después de una serie de resistencias se logró que autoridades capitalinas admitieran que Lorena fue víctima de detención arbitraria, fabricación de culpables, tratos crueles e inhumanos y arraigo que derivaron en su encarcelamiento.
La entonces Policía Judicial la detuvo con base en una orden de presentación del Ministerio Público el 5 de septiembre de 2008, en instalaciones de la PF, en tiempos del ex procurador Miguel Ángel Mancera.
Una de las principales pruebas de su inocencia es que en el fuero federal había otra mujer acusada del mismo ilícito, que consistía en el retén donde fueron interceptados Fernando Martí, de 14 años, su guardaespaldas Christian Salmones y el chofer Jorge Palma.
El colmo de la PGJ fue cuando Salmones, único sobreviviente, fue sometido a un "procedimiento hipnótico" durante las diligencias para esclarecer el caso.
En tanto, autoridades del Tribunal Superior de Justicia capitalino "fabricó" un nuevo caso contra Lorena y se libró otra orden de aprehensión que decidieron ocultar para utilizarla sólo si ella conseguía alcanzar su libertad por el caso del chico Martí.
Sin embargo, la lucha por demostrar la inocencia de Lorena dio frutos y tras concluir la etapa probatoria del juicio, el Ministerio Público se desistió de la acción penal a través de la formulación de conclusiones absolutorias, que fueron ratificadas por el entonces titular de la PGJ, por lo que obtuvo su libertad el 15 de julio de 2015.
A finales de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 64/2018, en donde reconoció que Lorena fue víctima de detención arbitraria por parte de elementos de la PJ y de violaciones al derecho a la presunción de inocencia y la privacidad por la exhibición mediática que sufrió.
Destacó que la falta de debida diligencia y prontitud por parte del Tribunal Superior de Justicia permitió que Lorena González permaneciera privada injustamente de su libertad por casi siete años.
Será a las 10:30 horas del próximo 10 de octubre, en el Museo de Ciudad de México, donde la Procuraduría y el Tribunal emitan la disculpa pública.