La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación respecto a los 53.4 millones de personas que viven en pobreza en nuestro país, que debido a su condición, sus derecho constitucionales a la educación y la alimentación se ven lastimados.
Al presentar el “Estudio Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional”, el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, resaltó que la pobreza reduce las capacidades de las personas, limita sus libertades y agrava los factores de vulnerabilidad que acentúan la exclusión y discriminación.
“Preocupa a este organismo que, de acuerdo con las cifras de Coneval referidas en el documento Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2016, el 43.6% de la población en nuestro país se encontraba en situación de pobreza, es decir 53.4 millones de personas, cómo le decimos a este número de personas, 53.4 millones, que tiene derecho conforme al artículo cuarto constitucional a una alimentación, siempre lo digo, suficiente, nutritiva y de calidad, ese es el derecho que está en la Constitución”, lamentó.
Foto: CNDH
González Pérez aseveró que la falta de un presupuesto elaborado con perspectiva de derechos humanos debilita el combate a la pobreza, desigualdad y afecta a los grupos vulnerables de atención prioritaria como personas migrantes y sus familias, niños y trabajadores agrícolas.
“El combate a la pobreza se ve debilitado debido a carecer de un presupuesto elaborado con esta perspectiva de derechos humanos y a la incidencia de factores como la corrupción, la desigualdad e incluso las reducciones presupuestales que no consideran a los grupos de atención prioritaria”, apuntó.
El titular de la CNDH agregó que es necesario atender la pobreza de manera multidimensional, toda vez que obedece a factores económicos, sociales, culturales, ambientales e incluso políticos.
De igual manera, saludó la intención del próximo gobierno de combatir la pobreza como prioridad en planes, programas y políticas públicas para los próximos años, luego de advertir que “no es solo un indicador de la situación económica de un país sino, antes que nada, es un asunto de dignidad humana”.