Por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, dos jueces, uno con residencia en la Ciudad de México y el otro en Guanajuato, concedieron amparos en contra de la Ley de Seguridad Interior.
El juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Fernando Silva concedió la protección de la justicia federal a la penalista Bárbara Zamora del bufete “Tierra y Libertad”.
En su resolución, el impartidor de justicia consideró que la actuación de los militares en tareas de seguridad pública, establecida en diversos artículos de la Ley, puede provocar actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad.
Mencionó que a toda persona dentro del Estado le asiste el derecho subjetivo o el interés legítimo de que cualquier acto de privación o molestia que se lleve a cabo en tiempos de paz, se realice por autoridades civiles y no por autoridad militar alguna.
Indicó que el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública introduce un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas porque la autoridad militar difícilmente puede sustraerse “al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado”.
Por su parte, la juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo a una organización de personas defensoras de los derechos humanos.
En su fallo refirió indicó que algunos de los artículos de la legislación son violatorios a los derechos humanos pues la afectación que genera no sólo impacta a los quejosos sino a toda la población.