Hay que afinar leyes electorales para garantizar certeza en impugnaciones: PES

En septiembre inicia el proceso electoral del 2018, recordó el coordinador de los diputados del Partido Encuentro Social, Alejandro González.

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La fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados propuso reformas electorales, a fin de armonizar debidamente los términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El coordinador Alejandro González, hizo notar que a tres años de la última reforma electoral, que avanzó en 2014 de manera atropellada, la normatividad aún refiere a instancias como el Instituto Federal Electoral (IFE), cuando ese organismo cambió su nombre a Instituto Nacional Electoral (INE).

El congresista puntualizó que esa falla mínima, resta certeza a las impugnaciones que pudiesen presentar integrantes de partidos o ciudadanos. 

González Murillo señaló que la legalidad y la certeza jurídicas son fundamentales para el adecuado desarrollo de los procesos electorales, así como para tener claridad sobre el trabajo de las autoridades al momento de atender quejas, reclamaciones, normar la conducta y tomar decisiones al respecto.

Indicó que la ley electoral tiene algunos vacíos e inconsistencias que hacen imperfecto el sistema democrático y en casos de impugnaciones, los solicitantes podrían quedar en la indefensión o entrar en conflictos jurídicos a causa de una aplicación inadecuada de la ley. 

Insistió en que el apresuramiento en la reforma electoral del 2014 y la aprobación, también irregular, de sus leyes secundarias, dejó fuera el elemento de la armoniazación legislativa, por lo que es necesario homologar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), así como la Ley General de Partidos Políticos.

Subrayó que después de la reforma electoral, se estableció un régimen transitorio que permitió dar cauce a los comicios posteriores, pero es necesario mantener el estado de cosas, para que la normatividad no esté sujeta a interpretación permanentemente, sino que sus preceptos sean claros y permitan emprender una adecuada protección de los derechos políticos.

Recordó que en septiembre próximo inicia el proceso electoral del 2018, en que se renovarán el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, así como el gobierno de la Ciudad de México.