Ante el respaldo de Rafael Ochoa Guzmán, ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 2001 a 2017 y de Fernando González, ex subsecretario de Educación Básica en la pasada administración (y yerno de Elba Esther Gordillo), la agrupación Mexicanos Primero considera que “podría ser un gran error histórico que Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), siendo una opción política válida, se ligue a ese pasado del cual todos nos queremos desprender”.
Ya sea por sus acercamientos con el círculo cercano a Elba Esther Gordillo, ex lideresa magisterial bajo un proceso judicial por posible defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, o por sus contactos con figuras del magisterio disidente, la candidata de Morena a la gubernatura en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez “manda un mensaje confuso de lo que se puede esperar de su propuesta educativa”, señala el organismo.
“Lejos de profundizar, mejorar y pulir al Servicio Profesional Docente, parece que lo que busca (Gómez Álvarez), es instaurar una excepción y regresar a las prácticas negativas del pasado que van en contra de los niños y los maestros que, si hacen su trabajo”, explicó el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón en entrevista con Noticias MVS
“Estas manifestaciones de cercanía con la gente de la maestra Gordillo son preocupantes y corresponde a la candidata Gómez Álvarez que se manifieste con claridad sobre estos nexos; que muestre que reconoce a la Constitución y las leyes, sin dar falsas esperanzas de que (la reforma educativa) pueda revertirse o no aplicarse. (Eso) sería un engaño inaceptable en una contienda electoral”, consideró Calderón.
“Es motivo de preocupación el que uno de los candidatos al gobierno del Estado de México –que de llegar a ganar sería el responsable principal de la Educación en las Escuelas mexiquenses y de la contratación y permanencia de los maestros–, esté dando expectativas falsas sobre el incumplimiento de la ley”, agregó David Calderón.
Se ha insinuado en estas reuniones con gente del magisterio disidente o el grupo cerca a Gordillo que habría “alguna consideración para el rechazo o no aplicación” de la Ley General del Servicio Profesional Docente, por la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Delfina Gómez Álvarez, a la gubernatura del Estado de México, detalló Calderón.
“Llamamos a los electores del Estado de México para que exijan con claridad a sus candidatos. Pensamos que los mexiquenses no quieren regresar a una situación en la que se dictaba con arbitrariedad y favoritismo, quien avanzaba y quien no en la carrera docente, dijo Calderón en su calidad de presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
De hecho, el experto en educación recordó que la misma candidata de Morena, que es profesora, en su momento “criticó acremente las prácticas de la sección 36 (del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE)” donde tienen un gran arraigo histórico los seguidores de la profesora Gordillo.
De llegar Gómez Álvarez a la primera magistratura del Estado de México, aclaró Calderón, las atribuciones de ley para los mandatarios estatales son “de administración. Tiene que ver con presupuestos, la puntualidad y oportunidad de las convocatorias para los concursos cuando están las plazas vacantes”, detalló.
En el fondo aclaró tajantemente, “un ejecutivo estatal no tiene manera de revertir el cambio nacional que se ha dado a la estructura de la gestión educativa”.
Un candidato estatal “no puede prometer que cambiará (la reforma educativa) porque no está en su facultad cambiarla. No solo tendría que cambiar la Constitución y las leyes, sino que tendría que tener al Congreso del Estado de México iniciando todo tipo de procedimientos; en todo caso, explicó, le correspondería al legislativo iniciar el largo camino para plantearle a la federación algún tipo de ajuste local a estas reglas generales”.
De suceder, resaltó Mexicanos Primero, “por supuesto que un tribunal judicial lo va a echar para atrás. Viendo las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se reconoce que todas las medidas del Servicio Profesional Docentes son legales, que son constitucionales y que ponen en su lugar el interés superior del niño, un mandatario estatal no tiene ninguna posibilidad de cambiarlo”.
“Un ejecutivo estatal que diga, voy a cambiar (la reforma educativa), no puede hacerlo, solo está engañando. Incluso, un aspirante a la presidencia estaría engañando a sus votantes si promete que va a cambiar (la reforma educativa); puede prometer que intentará cambiarla, pero para realmente lograrlo, tendría que tener a ambas cámaras legislativas y al menos 22 congresos estatales para que siquiera se considerara la posibilidad de moverle un artículo, una referencia a las leyes de la reforma educativo o al artículo tercero”, subrayó David Calderón.
“Estas son bravatas, son promesas de campaña que tiene muy poco sustento de poder hacer algún cambio”, agregó.
Sin embargo, con base en los hechos registrados en estados como Oaxaca y Guerrero, Calderón comentó que, lo que si puede pasar, es que “los ejecutivos estatales estrangulen recursos, poniendo a funcionarios de muy baja capacidad al frente de la cartera educativa o se salten los calendarios establecidos para que no se logre el efecto de la reforma educativa”.