La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón, hizo un llamado al Gobierno Federal y a las instituciones en materia educativa en los tres niveles de gobierno, a promover políticas públicas que permitan prevenir y evitar la violencia en el entorno escolar.
Tras los hechos registrados en un colegio de Monterrey, donde un menor de edad abrió fuego contra sus compañeros, su maestra y él mismo, la congresista del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que a ello se debe sumar la revisión de las normas en materia de contenidos para menores en redes sociales e internet, a fin de regular ese tema.
Aragón Castillo manifestó que los sucesos registrados la semana pasada reflejan que el país está inmerso en un ambiente y una cultura de violencia en las calles y de falta de control en materia de delitos cibernéticos.
Refrendó su postura respecto a que es necesario legislar sobre redes sociales, a fin de poner límites a la difusión de contenidos que alientan la violencia, la discriminación y el rechazo al otro.
La congresista de izquierda también manifestó que es preciso reivindicar la figura del maestro como el referente de autoridad y respeto en el aula, así como ampliar las escuelas de tiempo completo, en apoyo a las madres y padres de familia que trabajan y no están todo el tiempo con sus hijos.
“Creo que el tejido social en nuestro país ha venido quebrantándose a partir de muchas décadas ya, por lo menos dos, de una cultura de violencia en las calles, de una evidente exposición permanente en los medios de comunicación de actos sumamente violentos. Y también, hay que decirlo, de la incorporación obligada de ambos padres de familia a la actividad productiva, para mantener el nivel económico de la familia y poder atender la necesidad de los hijos”, apuntó.
Señaló que si a esas circunstancias se suma la falta de políticas públicas efectivas contra los delitos cibernéticos, se crea un “caldo de cultivo” que provoca que los niños y adolescentes expuestos por cada vez más tiempo a los contenidos en redes sociales e internet, sean fácilmente influenciados y víctimas de quienes alientan conductas como las que presentó el menor agresor.
En cuanto a lo que el Congreso de la Unión debe hacer, manifestó que ha dialogado con integrantes de la Comisión de Educación, sobre la necesidad de promover políticas de “mediación” y mejorar la capacitación a los docentes en esa materia, a fin de resolver conflictos entre los alumnos.
Agregó que el tema de la libertad en el uso del internet y los contenidos en las redes sociales debe someterse a discusión, cuando esos elementos influencian y provocan efectos en la conducta de los menores de edad, que deberían estar sujetos a una tutela más cuidadosa por parte de los mayores.
A esto se suma la responsabilidad del Estado en el combate a los delitos cibernéticos y la identificación de usuarios o grupos de usuarios que a través de la red fomentan la violencia, incitan a la delincuencia y alientan conductas lesivas y antisociales que generan un especial impacto entre niños y adolescentes.
“Hay que legislar, entonces, sobre el tema de las redes y el acceso de los menores de edad a las mismas, la proliferación de los delitos y la promoción de la violencia en las mismas es urgente”, insistió.
Aseveró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un registro sobre las escuelas que presentan mayores índices de violencia y otras conductas como el acoso sexual, abuso físico y consumo de drogas, entre otras irregularidades. Dicha información, apuntó, debe ser aprovechada para promover acciones de prevención y atención de emergencias.
La legisladora señaló que más allá de hacer llamados a los padres de familia, para que extremen precauciones con sus hijos tras lo ocurrido en Monterrey, es necesario promover acciones concretas para evitar ese tipo de tragedias.
Una respuesta, insistió, podría ser ampliar las escuelas de tiempo completo, capacitar de manera adecuada e integral a los profesores, contar con asesores y psicólogos que puedan atender de inmediato y en la propia escuela a jóvenes y niños que requieran ayuda.