Perú decretó el martes un toque de queda durante tres días en la región de Puno, frontera con Bolivia, foco de nuevas protestas donde murieron 17 civiles en enfrentamientos y un policía tras el ataque de una turba, en los actos más violentos tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo.
La región de Puno se puso de duelo hasta jueves por la gran cantidad de muertos en la víspera, elevando a 39 los civiles fallecidos tras violentos disturbios iniciados en diciembre en varias localidades del país, principalmente en el sur andino.
El Ministerio de Interior confirmó el primer policía muerto durante las protestas, luego del ataque de desconocidos en Puno a un vehículo de las fuerzas de seguridad en la madrugada del martes. La unidad fue incendiada. Otro policía quedó herido.
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"Se aprobó en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días, desde las 20.00 horas (local) hasta las 04.00 horas", dijo el primer ministro, Alberto Otárola, en un discurso en el fragmentado Congreso unicameral.
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Otárola manifestó que el Gobierno no se opone a las protestas, pero que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el orden público tras la actuación de "violentistas" financiados con dinero "oscuro" de la minería ilegal y el narcotráfico.
"Unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional", dijo el ministro. "Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia", agregó.
Otárola acudió con su gabinete de ministros al Congreso dominado por partidos conservadores, en busca de un voto de confianza, un requisito constitucional y tradicional para permanecer y liderar un nuevo equipo de Gobierno.
En la peor jornada de protestas por el número de víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Gobierno informaron además de 68 civiles y 75 policías heridos en la víspera en Puno, muchos de ellos por balas o perdigones, según las autoridades de salud.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de "rebelión", cargo que el exmandatario niega.
La firma de mercado BTG Pactual dijo el martes que los recientes disturbios en Perú tendrán un impacto negativo en los sectores de servicios y turismo del país, y en cierta medida, en la actividad minera del segundo productor de cobre del mundo.
"Por el momento, el principal riesgo es la interrupción de la carretera, que afecta la entrada y salida de consumibles y, en cierta medida, minerales, según la duración de las interrupciones", indicó la firma en un comunicado.EFE