La junta militar de Birmania abrió este lunes 31 de mayo los colegios por primera vez tras el golpe de Estado del 1 de febrero y en medio de la huelga de profesores y alumnos que se niegan a trabaja y estudiar bajo el mando castrense.
Los docentes fueron uno de los primeros grupos de funcionarios en sumarse al movimiento de desobediencia civil impulsado en oposición al levantamiento militar y que con sus huelgas indefinidas ha paralizado la Administración desde hace casi cuatro meses.
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Las autoridades respondieron contra una brutal violencia contra la disidencia, incluido el uso letal de armas de guerra contras los manifestantes pacíficos, y la persecución de todo aquel involucrado con el movimiento de resistencia. La junta militar ha arrestado a más de 100 profesores y emitido ordenes de arresto contra decenas, además de suspender de empleo y sueldo a unos 130,000, según datos de la Federación de Profesores en Birmania.
“Tienen miedo de la resistencia. Por eso tratan de amenazarnos para que volvamos a las aulas”, declaró el profesor Soe Thura Kyaw, acusado de un delito de incitación y penado con hasta 3 años de cárcel, la semana pasada al portal Myanmar Now.
Sin embargo, para este año escolar el 90% de los alumnos se han negado a inscribirse al sistema educativo bajo el control de la nueva junta militar, conforme a los datos de la Federación de Profesores en Birmania que publica el portal Myanmar Now.
La violencia de las fuerzas de seguridad ha causado la muerte de al menos 840 personas, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que contabiliza más de 5,500 detenciones desde el sublevamiento. El Ejercito justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, con el aval de los observadores internacionales.