Para evitar juicio, García Luna negocia con EEUU

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se encuentra en negociaciones para declararse culpable.

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El exsecretario mexicano encargado de combatir al crimen organizado y hoy acusado de colusión con narcotraficantes, Genaro García Luna, podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn.

De acuerdo con información de la corte difundida por Alan Feuer, reportero del New York Times, García Luna estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana, para participar como colaborador de la justicia estadounidense, lo que podría reducir su pena.

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De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín "El Chapo" Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael "El Mayo" Zambada.

Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012).

Aunque Calderón convirtió el combate al crimen organizado en uno de los ejes principales de su mandato en México, las autoridades estadounidenses acusan que el alto mando policiaco estuvo involucrado de manera directa con los criminales a los que debía combatir.

De comprobarse su culpabilidad, la comprensión de la crisis de seguridad que atraviesa México desde hace más de 10 años adquiriría una nueva dimensión, revelando que las autoridades han sido cómplices de las organizaciones que trasiegan drogas hacia EUA, mientras este país les vende armamento de alto poder.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones. Tras su detención, fue recluido en una cárcel de Texas.

El pasado 17 de diciembre se le negó el derecho a libertad bajo fianza y se ordenó su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado para determinar su culpabilidad o no de cada uno de los cargos que pesan en su contra.