El Gobierno del presidente Donald Trump incurrió en la práctica inconstitucional de inspeccionar sin órdenes judiciales los teléfonos y computadoras de estadunidenses que son retenidos en la frontera, según una demanda presentada este miércoles.
Diez estadunidenses y otra persona con residencia permanente legal demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ante un tribunal federal, alegando que las inspecciones y la confiscación prolongada de sus dispositivos violaban la protección a la privacidad y a la libertad de expresión amparadas por la Constitución estadunidense.
La demanda fue presentada por un grupo compuesto por un veterano del ejército estadunidense, un ingeniero de la NASA, dos periodistas y un programador de computadoras ante el Juzgado de Distrito de Massachussett.
La Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) y la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a los demandantes, dijeron que varios de ellos son musulmanes o pertenecen a una minoría.
Suhaib Allababidi, ciudadano estadunidense que vive en Texas y que participa en la demanda, dijo que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo retuvo el 21 de enero en el aeropuerto de Dallas cuando regresaba de un viaje de negocios a Dubái.
Allababidi relató que no quiso desbloquear su teléfono personal luego de permitir la revisión de su teléfono de trabajo. Las autoridades le quitaron ambos aparatos y le dieron el teléfono de trabajo dos meses después pero aún no le devuelven su teléfono personal.
En general, a los agentes de la ley se les exige tener una orden judicial para poder revisar los dispositivos electrónicos de un estadunidense. Pero una excepción a la regla que se aplica en la frontera le permite a las autoridades federales realizar inspecciones si están a menos de 160 kilómetros de uno de los límites del país, sin necesidad de orden.