El estado de Texas pretende ejecutar la próxima semana al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas por la violación y asesinato de su prima en 1997, pero su defensa confirmó este martes que pidió nuevas pruebas de ADN para demostrar su inocencia mientras México también presiona para impedir su muerte.
A Ramírez, que nació en Guanajuato hace 47 años, lo ejecutarán el próximo miércoles con una inyección letal administrada pasadas las 18.00 hora local en la prisión de Huntsville (Texas) si la estrategia de la defensa no logra su propósito.
Un jurado consideró probado que, entre él y su cómplice, Tony Castillo, entraron a la casa de la víctima por la ventana de su habitación, se la llevaron, la violaron, la estrangularon y abandonaron el cuerpo en un canal de la localidad de Edinburg, vecina a McAllen.
Ramírez Cárdenas confesó el crimen a las autoridades y, entre él y Castillo, condujeron a los investigadores hasta el cuerpo de Laguna, pero la abogada del mexicano, Maurie Levin, defiende que esa confesión se obtuvo bajo “coacción”: su cliente confesó durante los 11 días que pasó detenido sin que le asignaran un abogado.
Más allá del “muy cuestionable” proceso que llevó a su confesión, Levin ha pedido al estado de Texas que suspenda la ejecución de su cliente para permitir nuevas pruebas de ADN a los restos que quedaron en las uñas de Laguna, con las que confía que Ramírez Cárdenas demuestre su inocencia.
El tribunal del condado en el que fue condenado Ramírez rechazó ya la petición de Levin al considerarla una estrategia dilatoria, pero la abogada presentó este lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, la máxima instancia penal en el estado.
Este tribunal de apelaciones ha suspendido varias ejecuciones en los últimos meses como consecuencia de recientes cambios legislativos en el estado sureño que favorecen, precisamente, la petición de nuevas pruebas de ADN.
Al margen de las pruebas de ADN, la defensa de Ramírez Cárdenas también alega que su ejecución violaría una sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) conocida como “Fallo Avena”, que ordenó reconsiderar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
La defensa ha presentado estos argumentos ante la Junta de Perdones de Texas y ante el gobernador del estado sureño, el republicano Greg Abbott, que tienen en sus manos detener la ejecución antes del próximo miércoles.