Audio relacionado
En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Luis Fernández, director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia e Integrante del Observatorio Electoral Judicial, mencionó si la propaganda en redes sociales fue clave para el triunfo de candidaturas de la Elección Judicial.
Aunque las reglas del proceso electoral judicial establecían que las candidaturas no podían contratar publicidad digital ni por interpósita persona, un informe del Observatorio Electoral Judicial revela que 394 aspirantes invirtieron entre 2.3 y 3.1 millones de pesos en redes sociales como Facebook, Instagram, Threads y Messenger.
Fernández detalló que durante semanas se monitoreó el comportamiento de las candidaturas en plataformas digitales. “Lo que encontramos es que claramente no lo hacen directamente, lo hacen a través de terceras personas, en medios de comunicación comprados, en empresas que están disfrazadas de personas o medios”, explicó.
Te podría interesar
En total, se detectaron 1,951 anuncios pagados relacionados con estas elecciones. Para su identificación, se utilizaron entre 30 y 40 palabras clave como “elecciones”, “ministro”, “candidata” o “magistrado”.
El 75% del total invertido se concentró en las candidaturas a ministras y ministros de la Corte. De las 63 personas que compitieron (aunque una se retiró), 53 concentraron 1,195 anuncios.
Te podría interesar
¿Quiénes gastaron más?
Entre quienes más invirtieron están candidatas que hoy ocupan puestos clave. La ministra Loretta Ortiz encabezó la lista con 86 anuncios y un gasto estimado entre 418 mil y 539 mil pesos. Le siguió Yasmín Esquivel, con 390 anuncios y una inversión de hasta 483 mil pesos.
Giovanni Assael, con 13 anuncios, destinó entre 197 mil y 364 mil pesos. Ingrid de los Ángeles Tapia, quien no logró un cargo, también figura entre los mayores inversionistas. Le siguen Ariadna Camacho (Tribunal de Disciplina Judicial), Lenia Batres y Arístides Rodrigo Guerrero.
¿INE ya investiga?
Fernández aseguró que la información fue entregada de forma detallada al Instituto Nacional Electoral (INE) para su investigación. “Nos mandaron un oficio al observatorio y nos solicitaron que respondiéramos con la información detallada sobre quiénes habían pagado pauta, cómo estaban establecidas las relaciones con las candidaturas”, mencionó.
El observatorio también presentó datos sobre encuestas falsas que daban ventaja a ciertas personas candidatas, a pesar de no estar registradas oficialmente ante el INE. Estas, según Fernández, eran usadas para generar percepción de ventaja.