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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit habló de la búsqueda de la 4T de reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Una nueva propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México ha generado preocupación entre expertos y ciudadanos. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, ha alertado sobre los posibles riesgos de esta iniciativa, que podría limitar significativamente la libertad de expresión y el acceso a la información en línea.
Piedras señaló que la propuesta, que aún no ha sido publicada oficialmente, plantea la posibilidad de que el gobierno tenga un mayor control sobre las plataformas digitales y las comunicaciones en línea.
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"Hablan ya de regular las plataformas… y eso puede tener algún sentido, en este caso, se puede pensar que conviene supervisar las plataformas".
Recordó que, desde la reforma de telecomunicaciones de hace 10 años, se logró integrar las leyes que regulaban el internet, la telefonía fija y móvil, así como la radio y televisión. Sin embargo, las plataformas digitales quedaron en un "limbo" legal entre la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Con la nueva iniciativa, se plantea regular estas plataformas bajo una Agencia de Transformación Digital.
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"Tenemos que estar al pendiente y no dejar que una decisión burocrática determine dónde van nuestras comunicaciones, nuestras descargas y cómo se configuran", advirtió Piedras.
Ley de Telecomunicaciones en México: Intervención vs. supervisión
Uno de los puntos más preocupantes del documento que circula es la posible capacidad del Estado para intervenir las plataformas digitales. "Una cosa es supervisarlas y otra intervenirlas", afirmó Piedras, señalando que hay una delgada línea entre garantizar la seguridad pública y vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
El experto destacó que, actualmente, ya existen mecanismos para que las autoridades accedan a datos en casos de seguridad, siempre mediante una orden judicial. Sin embargo, la nueva propuesta podría facultar al gobierno para restringir plataformas o redes sociales bajo argumentos vagos o no especificados en la ley.
"Imagínate que mi comunicación personal confidencial es intervenida 24 horas. Yo prefiero que no. En lo digital están nuestras finanzas, nuestras comunicaciones personales y toda nuestra intimidad".
Para Piedras, lo más importante es que este tipo de reformas se sometan a un debate público amplio, que incluya a la academia, la industria y la sociedad civil. "Es clave que no quede solo en manos de algunos legisladores con mayor o menor experiencia en el tema", enfatizó.
En un mundo donde la conectividad es esencial, cualquier decisión que impacte el acceso a la información debe ser transparente y estar bien fundamentada. De lo contrario, el riesgo de retroceso en derechos digitales y comunicación podría ser alto, con esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones.