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La violencia en Sinaloa ha generado una grave crisis social y económica, especialmente en ciudades como Culiacán. En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, tres figuras clave del estado —Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Laura Guzmán, presidenta de Canirac Culiacán; y Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos— expusieron las preocupaciones y medidas que urgen implementar para frenar el colapso.
Uno de los temas centrales fue el impacto de la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Loza Ochoa afirmó que el derecho más básico, “salir a la calle”, se ha visto severamente limitado debido al temor generalizado.
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“Se está viviendo una situación de miedo, no creo que pueda llamársele de otra manera. Hay que pensarlo dos o tres veces antes de salir a los espacios públicos”, comentó.
La situación se agrava principalmente durante las horas nocturnas, con la ciudad vacía a partir de las 7 pm, lo que ha sido descrito como una especie de toque de queda no oficial.
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Laura Guzmán, desde el sector empresarial, compartió la desesperación que vive la industria restaurantera y el comercio en general.
Según sus palabras, las ventas se desplomaron drásticamente desde septiembre, sin señales de mejoría.
“A las siete de la noche todo el mundo se resguardaba. Hicimos una encuesta y la gente decía que quería espacios seguros, pero temía el traslado de su hogar hacia los comercios”, explicó.
La falta de seguridad no solo afecta las ventas, sino también la salud mental de la población, que, tras semanas de encierro, empieza a mostrar signos de desgaste emocional.
Por su parte, Calderón Quevedo destacó que, aunque la violencia en Sinaloa no es algo nuevo, lo que ha cambiado es la forma en que se vive.
“El 17 de octubre del primer Culiacanazo marcó un antes y un después. Fue la primera vez que un grupo de delincuencia local se metió con el resto de la población. Ahora, cada vez que hay un estallido de violencia, la población está en medio de todo”, explicó.
Este temor ha sido exacerbado por la llamada infodemia, que ha provocado que los ciudadanos se resguarden aún más, sin tener claro cuándo la situación mejorará.
Los efectos económicos y las demandas al gobierno
Los empresarios y ciudadanos de Sinaloa han visto cómo la violencia impacta de manera directa en la economía del estado.
Guzmán enfatizó que los restaurantes y otros negocios han sobrevivido sacando recursos de "debajo del colchón", pero la situación es insostenible.
“Cuatro semanas las aguanté, saqué del colchón, pero una quinta y lo peor es que no sabemos hasta dónde está el fondo”, añadió. Para Guzmán, la prioridad es salvaguardar los empleos, y para lograrlo es urgente que el gobierno federal inyecte circulante y ofrezca incentivos fiscales como prórrogas en los impuestos.
Miguel Calderón también hizo un llamado al gobierno para que no solo apoye con medidas de seguridad, sino que reactive la economía.
“Si ya tuvimos una experiencia con la pandemia, ¿qué hicimos en ese momento? ¿Qué hicieron en Acapulco tras Otis? Frente a situaciones extraordinarias, se necesitan soluciones extraordinarias”, argumentó.
Los empresarios piden créditos, prórrogas de impuestos y un apoyo más directo del gobierno para evitar el colapso financiero de la región.
En definitiva, la violencia en Sinaloa no solo ha afectado la seguridad, sino que ha paralizado la economía y la vida diaria de sus habitantes.
Los ciudadanos y empresarios coinciden en que se necesitan medidas urgentes, tanto de seguridad como económicas, para evitar que la crisis se profundice aún más.
La violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles alarmantes, y las autoridades locales y federales deberán actuar rápidamente para frenar sus efectos devastadores tanto en la sociedad como en la economía.