La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) investiga a Blunderbuss, una empresa fantasma que supuestamente fue utilizada por Odebrecht para depositar sobornos, inform\u00f3 este martes la organizaci\u00f3n Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con MCCI, el departamento de sobornos de la brasile\u00f1a Odebrecht utiliz\u00f3 esta empresa domiciliada en Veracruz para “triangular” 6.1 millones de d\u00f3lares entre bancos de Panam\u00e1, Antigua, Estados Unidos y M\u00e9xico.
“Ese dinero se transfiri\u00f3 a M\u00e9xico entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de d\u00f3lares que ex directivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campa\u00f1a electoral de Enrique Pe\u00f1a Nieto en 2012″, inform\u00f3 la organizaci\u00f3n.
El rastreo de dinero de Blunderbuss lo realizan el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ambos departamentos de Hacienda.
La organizaci\u00f3n explic\u00f3 que personal del SAT acudi\u00f3 al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss, en Poza Rica (Veracruz), y constat\u00f3 que esta empresa “era inexistente”.
MCCI asever\u00f3 que el SAT “investiga tambi\u00e9n a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que compart\u00edan socios, representantes y apoderados legales”.
Estas empresas tampoco fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
Cuatro de estas corporaciones habr\u00edan participado entre 2013 y 2018 como “proveedores de la administraci\u00f3n p\u00fablica federal”, presidida entonces por Pe\u00f1a Nieto, y “de los Gobiernos de los estados de M\u00e9xico y Coahuila”, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con los documentos a los que accedi\u00f3 MCCI, estos contratos estar\u00edan valorados en al menos 192 millones de pesos.
La constructora Odebrecht est\u00e1 envuelta en un esc\u00e1ndalo tras admitir el pago de sobornos en 12 pa\u00edses por unos 788 millones de d\u00f3lares.
En M\u00e9xico, el caso apunt\u00f3 hasta al director general de la empresa estatal Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de d\u00f3lares.
En diciembre de 2017, M\u00e9xico impuso una sanci\u00f3n a Odebrecht y la inhabilit\u00f3 durante cuatro a\u00f1os para obtener contratos p\u00fablicos en el pa\u00eds, despu\u00e9s de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos en el proyecto de una refiner\u00eda.
Esta inhabilitaci\u00f3n fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.
Un informe de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) determin\u00f3 adem\u00e1s que Pemex realiz\u00f3 pagos irregulares por unos 46 millones de d\u00f3lares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar correctamente las obras de una refiner\u00eda.