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Votar desde la cárcel

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 14 De Agosto, 2019 · 10:53 am
Votar desde la cárcel
Hace unos meses, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un asunto en el que dos personas que se encuentran privadas de la libertad, y en espera de que su juicio se resuelva, solicitaban que se les reconociera el derecho al voto para poder participar en las elecciones de 2018.

¿Qué opinas de que las personas que están privadas de su libertad por haber cometido algún delito o estar bajo juicio, puedan votar desde la cárcel?

Hace unos meses, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un asunto en el que dos personas que se encuentran privadas de la libertad, y en espera de que su juicio se resuelva, solicitaban que se les reconociera el derecho al voto para poder participar en las elecciones de 2018.

Si bien, el Tribunal resolvió este asunto de manera tardía, pues para cuando emitió la sentencia (SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 ACUMULADO) la jornada electoral había pasado y era imposible que pudieran votar; la importancia de esta resolución estriba en que reconoce que el estar en prisión a la espera de que se defina su situación jurídica −derivada de las imputaciones en su contra y mientras el juicio se desarrolla−, no es suficiente para privarlos del derecho al voto, pues estaban amparados por el principio de presunción de inocencia, por lo que bajo una interpretación progresiva de sus derechos político electorales se les debía permitir votar.

La relevancia de lo resuelto por el Tribunal es que pone sobre la mesa un debate que poco se da en México: los derechos político electorales de las personas que se encuentran en prisión, particularmente de quienes no han sido sentenciados que, en nuestro país, son alrededor del 40 % de la población carcelaria.

Comenzar por reconocerles derechos a las personas privadas de la libertad, tal como lo hace la sentencia en comento es un primer paso. Organismos internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han considerado que la privación del derecho al voto como sanción no puede ser automática y que, en todo caso, procede únicamente ante sentencia condenatoria y no por prisión preventiva, ni otras medidas cautelares que signifiquen la privación de libertad.

En el ámbito internacional encontramos diferentes formas de abordar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, entre ellas vemos que hay:

  1. países en los que la restricción es absoluta indistintamente de la condición legal de la persona, como en México, Chile y Uruguay;
  2. países donde la restricción se da únicamente ante una sentencia que los condene a pena de prisión como sucede en Inglaterra y Rusia; y
  3. países en los cuales el derecho al voto no está restringido de ninguna forma, indistintamente de la situación jurídica en la que se encuentren las personas; este modelo es el que siguen países como Canadá, Colombia y Panamá.

Volviendo a la sentencia del TEPJF, me parece importante porque reconoce derechos a un grupo determinado de personas y se alinea a estándares internacionales; desafortunadamente, a pesar de ello, las condiciones del sistema penal en México hacen muy difícil garantizar el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, más allá de lo establecido por el artículo 38 de la Constitución, que restringe los derechos políticos de las personas que se encuentran sujetas a proceso penal y aquellas a quienes se les ha dictado un auto de formal prisión.

Dado que no hay certeza absoluta por parte de la federación ni de las entidades sobre cuántas personas se encuentran en prisión en el país y cuál es la situación jurídica de cada una, la idea de generar un padrón electoral para este caso parece muy lejana, a lo que se suman las complicaciones que representaría la organización de una elección en estas condiciones, toda vez que, en general, las personas condenadas y quienes están sometidas a procesos judiciales no están separados en los centros penitenciarios.

A pesar de estas dificultades, considero que esta sentencia será un primer paso que hará que las autoridades electorales, judiciales y quizá también el Poder Legislativo, -de cara a los futuros comicios- exploren la manera de hacer viable el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión pero que no se les ha sentenciado.