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Tenemos Tribunal Constitucional

Arturo Espinosa Silis Miércoles 13 De Mayo, 2020 · 11:14 am
Tenemos Tribunal Constitucional
Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California / Foto: Twitter @Jaime_BonillaV

El lunes pasado, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutieron y resolvieron las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la llamada Ley Bonilla. Esa que buscaba ampliar el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, para que en lugar de dos años estuviera en el cargo cinco, esa misma que fue aprobada de manera oscura y con muchas irregularidades por un Congreso local que estaba en agonía, pues le quedaban unos cuantos meses antes de que entrara la nueva legislatura; y esa misma que ni el gobernador saliente, ni el legislativo estatal querían publicar. Esa reforma de la que todos los actores políticos de la entidad se desentendían hasta apenas unos días antes de la toma de posesión del actual gobernador.

Aunque era claro que jurídicamente esta reforma para ampliar la duración del periodo de gobierno era insostenible –y el proyecto del ministro Fernando Franco proponía declarar la inconstitucionalidad– la incertidumbre sobre el sentido de la votación estaba ahí, especialmente respecto de las dos ministras y el ministro que fueron designados en este sexenio.

Después de varias horas de discusión y posicionamientos de quienes integran el Pleno del máximo órgano jurisdiccional del país, la votación fue unánime a favor de declarar inconstitucional la ley Bonilla, al considerar las siguientes violaciones:

– La prohibición de modificar las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral, lo cual también impacta en la certeza sobre las reglas que rigen la elección

– Las bases constitucionales de las elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, ya que se modificó uno de los elementos sustanciales sobre los cuales la ciudadanía ya había manifestado su voto: la duración del cargo

– El principio de irretroactividad de las leyes, pues a pesar de haber sido aprobada y publicada una vez ya celebrada la jornada electoral y declarada la validez de la elección, surtió sus efectos en el proceso electoral 2018-2019, y modificó los términos bajo los cuales fue celebrado

– Los derechos de organización política de los partidos, al voto activo y pasivo de la ciudadanía, lo que también resultó en una afectación en los actos relativos a la renovación del cargo que se daría inicialmente en 2021 para postergarlos hasta 2024

– El principio de no reelección, el cual implica la prohibición de extender el mandato de un cargo de elección popular más allá del periodo para el que haya sido elegido

 

Además de los argumentos jurídicos para invalidar la ley, los once ministros y ministras fueron enfáticos en señalar que, la aprobación de una reforma de este tipo por el Congreso de Baja California, buscaba un fraude a la ley y a la Constitución, por lo que se puso en riesgo la democracia y se socavó la confianza en ella; asimismo, se violentó el mandato ciudadano y las y los legisladores traicionaron la representación ciudadana que ostentaron. En suma, dejaron en claro que la Ley Bonilla era una aberración que dañaba gravemente el orden constitucional y la democracia.

Aunque su trabajo justamente es velar por el cumplimiento del estado de derecho y defender el orden constitucional, el lunes pasado las y los ministros de la Suprema Corte mostraron su estatura como jueces constitucionales; demostraron su independencia como máximos juzgadores y se constituyeron como lo que son: un tribunal constitucional.

Innegablemente, esta sentencia será de lectura necesaria y de análisis obligado para todos los que nos dedicamos al estudio del Derecho constitucional y de la democracia.

Después de esta sentencia ¿qué es lo que va a pasar en Baja California?, pues lo que debía suceder antes de que se emitiera la Ley Bonilla; es decir que, en 2021 las y los bajacalifornianos elegirán nuevamente a la o al titular del gobierno estatal –ahora ya para un mandato de 6 años–, por lo que en los próximos meses deberá iniciarse el proceso electoral en la entidad para renovar ayuntamientos, Congreso local y gubernatura.

 

@EspinosaSilis

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de MVS Noticias