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Repensemos la justicia electoral

De la tinta de Arturo Espinosa Silis.

Arturo Espinosa Silis Miércoles 12 De Diciembre, 2018 · 14:02 pm
Repensemos la justicia electoral
Martha Erika Alonso, gobernadora electa de Puebla

La elección a la gubernatura en Puebla fue la más compleja de este año. Una campaña electoral polarizada entre dos candidaturas que constantemente cruzaron acusaciones, un resultado cerrado −diferencia menor al 5% de la votación­ entre el primero y segundo lugar−, aunado al contexto de violencia permanente en el que vive el estado, el cual se agudizó el día de la jornada electoral.

En esta situación, un candidato no aceptó su derrota e inició un conflicto postelectoral que trascendió lo jurídico, trasladándose al terreno político y mediático; y también, a una larga cadena impugnativa que terminó en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El pasado 8 de diciembre, la instancia jurisdiccional referida resolvió de manera definitiva las impugnaciones presentadas por Morena y Luis Miguel Barbosa, las cuales pasaron primero por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y luego a la instancia federal. En una votación dividida y tras una acalorada discusión que pasó de lo jurídico a lo personal, una mayoría de cuatro magistrados, incluida la magistrada presidenta, concluyó que si bien hubo varias irregularidades significativas en la elección −incluidos los hechos de violencia en 59 casillas y el descuido en la cadena de custodia de los paquetes electorales−, éstas no eran suficientes para anular la elección en disputa, basados en el razonamiento de que si no se hubieran suscitado estas irregularidades, sería muy poco probable que el resultado de la elección hubiera cambiado, y en consecuencia, se debe respetar el principio de validez de los actos públicamente celebrados.

Más allá de los argumentos jurídicos con los que se resolvió el caso −con los que podemos estar o no de acuerdo− me parece que el caso dejó ver la necesidad de repensar la justicia electoral, no desde un punto de vista técnico, sino desde uno funcional. La impugnación de la elección de Puebla dejó ver muchos vicios respecto de cómo se resuelven diversos asuntos electorales en los tribunales, los cuales se han cultivado desde hace años y no se vislumbran ni intenciones ni mecanismos para buscar corregirlos.

Menciono tres que me parece los más evidentes.

1. Los partidos políticos y candidatos usan la justicia electoral como una vía para buscar mediática y políticamente la definición de una elección. Me atrevo a decir que una importante mayoría de las impugnaciones que se presentan no tienen elementos jurídicos para ser resueltas favorablemente para los impugnantes, y su única finalidad es buscar por la vía jurídica abrir la discusión pública de forma que puedan lograr un resultado diferente del expresado en las urnas por las y los electores, por la vía mediática y política. En este juego, incluso han entrado comunicadores que a través de filtraciones de información buscan generar presión y desinformar.

2. Una vez presentada la impugnación, el ejercicio de presiones y amenazas es la principal apuesta por parte de figuras políticas, legisladores y cabilderos para buscar influir en el sentido de las resoluciones que se dictan. Aprovechando una capacidad −real o supuesta− de influencia que se tiene sobre las y los juzgadores electorales, presumiblemente derivada de los apoyos brindados para su designación, buscan incidir en el sentido la resolución de la impugnación.

3. Los tribunales electorales locales y federales son órganos colegiados, en los cuales naturalmente la consecución de equilibrios y consensos son uno de los retos principales (y constantes) que se presentan a su interior. Aun así, se ha vuelto común que las divisiones y rencillas que existen internamente, se conviertan en parte de la discusión pública de los asuntos a resolver e incluso lleguen a ventilarse hasta en los medios de comunicación.

Antes de buscar dotar de un nuevo marco jurídico a la justicia electoral para que los juzgadores cuenten con más y mejores mecanismos para resolver conflictos y controversias electorales, es necesario repensar el funcionamiento, los incentivos y las lógicas a partir de las cuales se desarrolla la justicia electoral, se deben cambiar las dinámicas e inercias que deslegitiman a los Tribunales Electorales y que debilitan la democracia y ocasionan malas prácticas en la impartición de justicia.

@EspinosaSilis