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¿Queremos más partidos políticos o menos?

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis 30/Ene/19 09:01
¿Queremos más partidos políticos o menos?
A pesar del descontento palpable por parte de la ciudadanía con los partidos políticos, estos son un elemento indispensable en una democracia representativa como la mexicana

En general no nos gustan los partidos políticos. A las y los ciudadanos nos parece que son un club de amigos que lo único que buscan es conservar sus privilegios (cargos y financiamiento público) a partir de prácticas indeseables o incluso ilegales como corrupción, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento de unos a otros. Estudios como el Latinobarómetro muestran que la confianza en los partidos es prácticamente inexistente, en México apenas el 11% de las personas encuestadas dice confiar en ellos.

A pesar del descontento palpable por parte de la ciudadanía con los partidos políticos, estos son un elemento indispensable en una democracia representativa como la mexicana, pues justamente constituyen un puente entre las personas y la vida política, entendida como el ejercicio de la función pública y toma de decisiones en un país.

Asociarse con fines políticos con otras personas es un derecho de todos los ciudadanos, consagrado no solo en la Constitución, sino también instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Formar parte de un partido político es un mecanismo por el cual se puede operacionalizar el ejercicio de un derecho fundamental: el de afiliación. Pero como todo derecho humano no es absoluto, el poder formar un partido político o pertenecer al mismo depende de que se cumpla con los requisitos que por una parte establece la ley, y por la otra las que imponen los propios partidos en sus documentos básicos.

Mañana concluye el plazo para que se presenten ante el INE las manifestaciones de intención de las organizaciones ciudadanas que buscan obtener el registro como partido político nacional, esto es el inicio de un largo procedimiento en el que en esencia se busca que acrediten, entre otros requisitos, cierta representatividad en el país, por lo que en los próximos meses deben realizar 20 asambleas estatales con al menos 3000 personas o 200 distritales con mínimo 300, esto para poder acreditar una militancia de al menos 233,945 personas.

Será hasta julio de 2020 cuando sabremos cuáles son las organizaciones que lograron acreditar todos los requisitos para poder ser un partido político nacional y así participar en las elecciones federales de 2021, tener un lugar en la mesa del Consejo General del INE y acceder las prerrogativas que por ley le corresponden (financiamiento público, tiempos en radio y televisión y las telegráficas).

Y mientras en el INE empiezan a correr los tiempos y procedimientos que permitirán la eventual conformación de nuevos partidos, en el TEPJF se encuentra pendiente de resolución la impugnación con la que Encuentro Social (PES) pretende conservar su registro. Esto a pesar de que en las pasadas elecciones federales con todo y haber ido en coalición con Morena y el PT, de manera individual no obtuvo más del 3% de la votación en ninguna de las tres elecciones federales (presidencial, senadurías y diputaciones federales), que es el umbral mínimo que se requiere para conservar el registro como partido político nacional.

Como ya es costumbre entre nuestras fuerzas políticas, ante el desaire ciudadano en las urnas, siempre queda la esperanza de una interpetación de los órganos jurisdiccionales que flexibilice los requisitos constitucionales y legales y salvaguarde lo que ellos entienden como “sus” derechos. Por ahora solo queda esperar que no se repita el desafortunado precedente de 2015 en el que, a partir de interpretaciones cuestionables y muchos cambios de criterios, se forjó el camino para que el PT conservará su registro como partido político nacional.

Así, en medio el descontento ciudadano frente a los partidos políticos y el desprestigio que durante años han acumulado, estamos frente a dos momentos importantes: uno para ver si por la vía legal se consolida una nueva opción política que resulte atractiva para la ciudadanía, y otro en el que veremos si por la vía jurisdiccional se logra evitar la extinción de un partido político que no tuvo apoyo ciudadano en las urnas, pero que gracias a los beneficios de las coaliciones sí tiene representatividad en el Congreso de la Unión.