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Partidos políticos alérgicos a la transparencia y la rendición de cuentas

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 10 De Julio, 2019 · 10:34 am
Partidos políticos alérgicos a la transparencia y la rendición de cuentas
El dinero que reciben los partidos políticos –tanto público como privado– no constituye, literalmente, un cheque en blanco; es decir, no lo pueden erogar de forma discrecional

Los partidos políticos en México reciben cuantiosas sumas de dinero como financiamiento público, más que en cualquier otro país de la región. Este financiamiento se destina a diferentes fines como: su operación ordinaria, campañas electorales y fines específicos como capacitación y actividades editoriales. En adición al financiamiento público que se les otorga, los partidos políticos pueden obtener financiamiento privado hasta por un monto equivalente al 10 por ciento del público.

Este año, los partidos políticos recibieron en total poco más de 9,500 millones de pesos como financiamiento público, de los cuales poco más de 319 millones se destinaron para gastos de campaña en las seis entidades federativas que tuvieron elecciones. El dinero que reciben los partidos políticos –tanto público como privado– no constituye, literalmente, un cheque en blanco; es decir, no lo pueden erogar de forma discrecional, la legislación electoral señala de forma específica en qué se pueden usar los recursos que reciben.

Para saber de dónde obtienen recursos los partidos políticos cuando estos provienen de fuentes privadas y cómo gastan la totalidad del dinero que reciben, la autoridad electoral fiscaliza el origen y destino de todo el dinero administrado por los partidos. La fiscalización que realiza la autoridad electoral, en este caso el INE, constituye uno de los pilares del sistema electoral mexicano (y muchos otros), pues implica la confirmación de que el dinero que se utiliza para financiar la actividad política y electoral proviene de fuentes lícitas y es usado para los fines que constitucional y legalmente les están permitidos a los partidos políticos.

El lunes pasado, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de fiscalización de los recursos utilizados en las campañas electorales desarrolladas este año en seis entidades federativas. De acuerdo con los hallazgos del INE, en las campañas se erogaron 503.5 millones de pesos, cifra mucho mayor a lo asignado para este fin.

Como ha ocurrido prácticamente cada año, una vez más se evidenció que en general las fuerzas políticas tienen poca disposición a ser fiscalizadas, pues la gran mayoría de los 84.5 millones de pesos que se impusieron como sanciones a los partidos políticos fueron debido a su poca o nula disposición para que la autoridad electoral pudiera realizar su labor de fiscalización.

Me explico un poco más. Para que el INE pueda fiscalizar el origen y destino de los recursos que se utilizan en las campañas es necesario que los partidos políticos reporten las agendas de sus candidatos y candidatas, para que los auditores del INE puedan acudir a verificar el gasto que se realiza y reporta como acto de campaña. También se deben reportar los contratos que se celebren con motivo de las campañas electorales, y se debe señalar quiénes son las personas físicas que aportan recursos a las campañas y cuál es el monto de dichas aportaciones, entre otras.

Todo esto se debe llevar a cabo prácticamente al momento en que ocurre, para que el INE pueda llevar a cabo las verificaciones y cruces de información necesarias a efecto de corroborar la veracidad de lo reportado. En la práctica lo usual es que esto no ocurra así. Para evitar que la autoridad electoral pueda verificar la información reportada, deliberadamente los partidos informan estas acciones de manera extemporánea o de forma incompleta con la finalidad que por los tiempos legales la autoridad electoral no pueda desplegar de manera completa, integral y exhaustiva su facultad fiscalizadora.

Esto es un costo que inclusive los partidos políticos calculan y aceptan, pues este tipo de faltas en su mayoría ameritan una sanción monetaria, sin que tenga consecuencias en el resultado de la elección o pueda derivar en su nulidad, de forma que estas prácticas indebidas son consideradas por los propios partidos como parte de sus “costos electorales”.

Muestra de lo anterior es que casi todos los partidos políticos −nacionales y locales− destinan entre el 20 y el 50 por ciento del financiamiento público que reciben a pagar multas impuestas por la autoridad electoral, casi como si tuvieran una hipoteca derivada de su afán de no cumplir cabalmente con la ley.

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos deja ver una falta de voluntad para rendir cuentas respecto del origen y destino de los recursos que reciben, así como un escaso compromiso con la transparencia, pues obstaculizan la labor fiscalizadora de la autoridad electoral. Así difícilmente lograremos una democracia con la solidez que necesitamos.

@EspinosaSilis