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Ocurrencias legislativas

Arturo Espinosa Silis Hace 2 semanas
Ocurrencias legislativas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal de este país, resuelve en última instancia los conflictos y controversias que se le presentan y, además, ejerce el control de constitucionalidad sobre las leyes que emite el propio Legislativo

De la tinta de Arturo Espinosa Silis.

La actual legislatura del Congreso de la Unión inició actividades el 1 de septiembre de 2018, hace apenas cuatro meses. A la fecha se han presentado mil 168 iniciativas de ley en ambas Cámaras –402 en Senadores y 766 en Diputados–, prácticamente dos iniciativas por cada integrante del Congreso; o bajo otra métrica, 9 iniciativas cada día.

Difícilmente se puede evocar una legislatura más “activa”, pero definitivamente cantidad no es sinónimo de calidad. Parece que muchos de nuestros legisladores y legisladoras creen que su trabajo consiste en presentar el mayor número de iniciativas posibles sin importar la calidad de éstas y que por lo mismo muchas ni siquiera transiten el procedimiento legislativo de discusión; menos aún, que lleguen a convertirse en leyes. Esto da pie, entre otros vicios, a la sobrecarga del trabajo legislativo, pues por cada iniciativa que se presenta, la Cámara en cuestión debe empezarse el trámite legislativo, aunque la iniciativa ni siquiera se discuta en comisiones.

Este afán de presentar iniciativas a destajo da lugar a un gran número de ocurrencias, unas más preocupantes que otras. Una de las que más ha llamado mi atención es la propuesta –autoría de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la Repúblicade establecer un modelo de elección popular de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta iniciativa, aparte de ser una pésima idea, demuestra claramente que las y los legisladores que la suscriben desconocen o no entienden la jurisdicción constitucional.

El único caso que existe en el mundo donde la designación de altos cargos en la judicatura se hace mediante un proceso de elección popular es Bolivia, y a la fecha la experiencia no es positiva. La elección de juzgadores por medio del voto no asegura la selección de las mejores candidaturas, ni a los más calificados para el cargo. El electorado de un país, el que sea, difícilmente puede contar con el conocimiento y elementos necesarios para elegir a quienes habrán de desempeñar funciones de carácter especialmente técnico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal de este país, resuelve en última instancia los conflictos y controversias que se le presentan y, además, ejerce el control de constitucionalidad sobre las leyes que emite el propio Legislativo –como la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior−, así como respecto de actos que lleva a cabo el Ejecutivo; por ello, se le denomina el poder contra mayoritario.

La labor de las y los juzgadores no es popular, ni tampoco fácil de llevar a cabo. En muchas ocasiones es tan técnica que acaba siendo lejana para la ciudadanía e incluso contrariando a la opinión pública. Al emitir una sentencia, un juez o una jueza no puede (ni debe) pensar en atraer las simpatías de la ciudadanía. La labor jurisdiccional implica en muchos casos aplicar la ley para determinar a quién le asiste la razón legal, y en otros tantos, interpretarla para proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos que se encuentran en juego, lo cual puede llegar a ser sumamente impopular. Baste recordar que la SCJN fue la instancia que dejó clara la simulación y deficiente actuación de la PGR y la entonces AFI en el caso de Florance Cassez, y que determinó la responsabilidad de diversos servidores públicos en el caso de la Guardería ABC, por mencionar algunos.

Esto hace que la función jurisdiccional que desempeñan ministros y ministras sea de carácter sumamente técnico, por lo que quienes ocupen el cargo deben cumplir con requisitos especiales, superiores a los que se exigen para cualquier cargo de elección popular, incluida la Presidencia de la República.

Pareciera que hace falta recordarles a algunas y algunos integrantes del Poder Legislativo que el resultado de su trabajo configura la realidad del país y en virtud de esto, deben realizarlo con el mayor cuidado y escrupulosidad posibles.

@EspinosaSilis