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Nuevo León trató de acabar con la cultura del secreto

Mina Magallón Hace 1 mes
Nuevo León trató de acabar con la cultura del secreto
La PGR argumentaba que el marco jurídico de Nuevo León podía afectar el derecho a la privacidad de las personas involucradas en los juicios.

De la tinta de Mina Magallón

En julio de 2004 se vio una luz de esperanza para acabar con el sistema del secreto y terminar con el procedimiento como si todavía estuviéramos bajo la Santa Inquisición.

Se escuchaban los debates en el Congreso del Estado de Nuevo León para reformar diversos artículos de la Ley de Acceso a la Información, así como al Código de Procedimientos Civiles, al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Justicia Administrativa.

Cuando el Congreso aprueba estas reformas, se vive el gran impulso que se da para la apertura de los expedientes judiciales y para terminar con la cultura del secreto.

Estas nuevas reglas de acceso a la información permitían conocer el contenido de los expedientes, incluso durante el desarrollo de los juicios.

Desafortunadamente, la reforma fue impugnada por la Procuraduría General de la República a través de la acción de inconstitucionalidad 25/2004.

La Procuraduría argumentaba que el marco jurídico de Nuevo León podía afectar el derecho a la privacidad de las personas involucradas en los juicios.

Asimismo, estimaba que los juicios son asuntos que únicamente incumben a las partes involucradas en los mismos.

Por el contrario, la defensa del estado de Nuevo León consideraba que los juicios, son asuntos públicos y que la privacidad, y otros derechos de las partes involucradas en los juicios están debidamente protegidas en la legislación.

El 19 de marzo de 2009, la Suprema Corte de Justicia resolvió la improcedencia del recurso presentado por la Procuraduría debido a que, al haber sido reformados los preceptos impugnados, se desechaba la acción de inconstitucionalidad.

Votamos para que el Estado de Nuevo León retome con fuerza el ánimo de abrir todos los expedientes judiciales para que los rayos solares entren y el público pueda poner ciertos límites a la corrupción y a la mafia del poder.

¿Por qué alegó la Procuraduría que es más importante proteger los datos personales?  ¿A quién le importa proteger los datos personales cuando se pone en la balanza poner un límite a la corrupción?  ¿Son los poderosos los que no quieren abrir los expedientes en los juzgados?  ¿Le conviene a la mafia del poder tener todo cerrado, tipo a la Santa Inquisición?.

Aquí repito lo que vengo argumentando como disco rayado, a menos que se abran los expedientes y entren los rayos del sol a limpiarlos, no se acabará con la impunidad.

Estoy segura de que todos los ciudadanos estaríamos dispuestos a que se publicaran todos nuestros datos personales en los juzgados a cambio de que el sistema judicial sea público y abierto y que todos podamos estudiar y leer todos los juicios a nuestro antojo, limitando de esta manera a la corrupción y la impunidad.

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