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Minigubernatura y macroabuso en Baja California

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 17 De Julio, 2019 · 10:27 am
Minigubernatura y macroabuso en Baja California
En Baja California, desde el momento en que Jaime Bonilla decidió participar en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura a la gubernatura, y posteriormente cuando fue registrado como candidato, sabía que la duración del cargo para el cual competía era de dos años.

Conocer con anticipación las reglas a partir de las cuales se llevará a cabo un proceso electoral es una cuestión de certeza para los actores involucrados: contendientes, partidos políticos y electores. La certeza sobre las reglas del juego es un principio constitucional y también un estándar internacional para poder garantizar elecciones democráticas.

En Baja California, desde el momento en que Jaime Bonilla decidió participar en el proceso interno de su partido para buscar la candidatura a la gubernatura, y posteriormente cuando fue registrado como candidato, sabía que la duración del cargo para el cual competía era de dos años.

Esta minigubernatura tiene un propósito específico y mandatado por la Constitución federal, que es la concurrencia de las elecciones locales con las federales. En 2014, como una idea más para abaratar la organización de las elecciones, se estableció en el régimen transitorio de la Constitución que todas las entidades federativas debían ajustar sus calendarios electorales para que las elecciones locales se llevaran a cabo al mismo tiempo que las elecciones federales, y de esta forma, tener elecciones únicamente cada tres años.

La concurrencia en las elecciones ha tenido múltiples implicaciones, entre ellas, que en buena parte de las entidades federativas se haya ajustado provisionalmente la duración de algunos cargos de elección popular. De 2014 a la fecha hemos visto -y seguiremos viendo- cómo las integraciones de congresos locales, ayuntamientos y gubernaturas de manera extraordinaria, han tenido periodos de duración de dos años o menos, o como en el caso de Hidalgo ayuntamientos de 4 años. Hasta ahora probablemente los casos más identificables han sido las gubernaturas de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, y Tony Gali en Puebla, ambas de dos años cada una.

Baja California es una de las últimas entidades en materializar la concurrencia electoral. De hecho, de las seis que tuvieron elecciones este año, solo en Baja California no se habían hechos los ajustes para buscar la concurrencia, por eso fue la única en la que eligieron gubernatura, ayuntamientos y congreso, y todas con la respectiva previsión de duración de dos años. Para efectos de lograr esta concurrencia, en 2014 el legislador local en dicha entidad decidió que la gubernatura que se eligiera en 2019 duraría únicamente dos años, de forma que en 2021 -año en que se renueva la Cámara de Diputados federal- se eligiera nuevamente una gubernatura, ésta sí de seis años.

A pesar de lo anterior, parece que el candidato de Morena, Jaime Bonilla, no aceptó las reglas que estaban preestablecidas, ya que durante el proceso electoral impugnó, en tres momentos diferentes, la validez del periodo de dos años de duración de la gubernatura para la que buscaba ser electo.

La primera ocasión impugnó la convocatoria a la elección; en un segundo momento controvirtió el registro de su candidatura para la gubernatura de dos años; en estas dos ocasiones, en primera instancia el Tribunal Electoral local señaló que el plazo debía ampliarse a 5 años para cumplir con la concurrencia hasta 2024; sin embargo, en igual número de ocasiones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló la imposibilidad jurídica de modificar el plazo de duración de la gubernatura, por lo que se debía quedar el plazo de 2 años, únicamente por esta ocasión.

A pesar de estas dos negativas, Bonilla volvió a impugnar, en una tercera ocasión y en la cual cuestionó el plazo a partir de la declararon de validez de la elección y la entrega de su constancia de gobernador electo. Esta nueva impugnación aún no se resuelve.

Adicionalmente a estos intentos para que, por la vía jurisdiccional, le aumenten el periodo de duración del cargo de gobernador, en un hecho inédito el Congreso local aprobó una reforma constitucional de forma que la gubernatura de ajuste para lograr la concurrencia pase de 2 a 5 años. Dado que ahora se trata de una reforma a la Constitución local aprobada por el Congreso y avalada por los ayuntamientos, a la cual únicamente le falta ser publicada, la vía para controvertir este nuevo intento de ampliación del mandato es la acción de inconstitucionalidad que, en su caso, debe resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los intentos de ampliación del mandato de la minigubernatura en Baja California son inconstitucionales e inconvencionales, pero más allá de eso, resulta más evidente la actitud antidemocrática de Jaime Bonilla, ya que a pesar de conocer las reglas del juego, el señor ha intentando en diferentes ocasiones y por diferentes vías, doblar la ley para favorecerlo a él y únicamente a él, como si por intentarlo muchas veces fuera a vestir de legalidad una actuación voluntariosa y claramente ilegal.

@EspinosaSilis