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Los enredos de Bonilla

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 9 De Octubre, 2019 · 10:18 am
Los enredos de Bonilla
Jaime Bonilla ha buscado por todos los medios y vías posibles ocupar la gubernatura en Baja California más allá del tiempo que la Constitución establece / Foto Especial

Jaime Bonilla ha buscado por todos los medios y vías posibles ocupar la gubernatura en Baja California más allá del tiempo que la Constitución de esa entidad establece, y con este afán, ha enredado lo más posible la conversación pública sobre el tema, buscando salirse con la suya.

A pesar de que sabe que no es así, de manera engañosa, constantemente ha señalado que se registró para una candidatura que buscaba una gubernatura de 5 años. Desde 2014, el texto constitucional señalaba con claridad que la gubernatura que se eligiera en 2019 concluiría en 2021 y lo mismo decía la convocatoria al proceso electoral emitida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en enero de 2019.

Tan sabía del plazo, que en tres ocasiones impugnó ante las autoridades jurisdiccionales electorales la ampliación del plazo de 2 a 5 años. La primera fue cuando controvirtió la convocatoria a las elecciones emitida por el IEEBC, y aunque el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) señaló que sí se debía modificar el plazo de 2 a 5 años, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SS-TEPJF) señaló que la convocatoria se impugnó fuera de tiempo. La segunda ocasión, fue cuando se registró como candidato, nuevamente Jaime Bonilla impugnó el plazo, y nuevamente el TJEBC señaló que sí se debía ampliar, pero la SS-TEPJF sostuvo que no era posible porque se debió impugnar oportunamente la convocatoria a elecciones y esto no ocurrió.

Recientemente se resolvió en definitiva la última impugnación hecha por la vía electoral, en la que el gobernador electo controvirtió la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría. En esta ocasión, aunque Jaime Bonilla impugnó nuevamente la ampliación del plazo, antes de que el tribunal electoral local resolviera la controversia, él mismo se desistió de su impugnación y por tanto se desechó el asunto. Aunque partidos de oposición acudieron a la SS-TEPJF, ésta confirmó el desechamiento, pero sí señaló que el plazo constitucional de duración de la gubernatura era de 2 años.

Paralelamente a esos intentos por la vía judicial, ya como gobernador electo, Bonilla consiguió que el Congreso bajacaliforniano ampliara el plazo de 2 años establecido en la Constitución local, mediante la modificación de ésta. Dicha reforma se hizo de manera exprés y opaca, y como si no bastara que el proceso legislativo fuera tan cuestionable, a la fecha no se ha publicado el texto reformado. Tanto el actual gobernador como las legislaturas, saliente (julio) y entrante (agosto) del Congreso, han evadido la responsabilidad de publicarla en el periódico oficial del Estado. La importancia de la publicación es que solo a partir de ese momento se podrá impugnar la constitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ésta es la carta más fuerte que se tiene para frenar la llamada #LeyBonilla que busca ampliar el mandato de un gobernador electo. Si la SCJN declara inconstitucional la reforma entonces el plazo de duración de la gubernatura deberá ser de 2 dos años. Claro que, para ello no solo se necesita que se presenten las acciones de inconstitucionalidad, sino que además una mayoría de 8 ministros y ministras avalen la inconstitucionalidad.

Jaime Bonilla tomará posesión como gobernador el 1 de noviembre, y justamente por eso han buscado retrasar lo más posible la publicación de la ley, hasta una consulta popular se han inventado en el Congreso local para poder hacer más complicado el tema. El objetivo es que la SCJN no pueda conocer de las acciones de inconstitucionalidad ni resolverlas antes de que Bonilla tome posesión como gobernador y que se pueda justificar en la sentencia que la toma de posesión hace irreparable el acto, y por eso la reforma no pueda declararse inconstitucional; total, ahora solo se necesita que tres ministros voten en este sentido.

Resulta de extrema gravedad cómo la obsesión de una persona y las complicidades que ha logrado parecen más fuertes que la institucionalidad de la democracia mexicana.

@EspinosaSilis