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Linchamiento a la libertad de expresión

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 20 De Marzo, 2019 · 09:42 am
Linchamiento a la libertad de expresión
Resulta preocupante que en un país que se dice democrático, el escándalo y la indignación pública sean provocadas por acciones que en otros países resultan incluso encomiables

En México tenemos una extraña relación con la libertad de expresión. En el discurso, quienes actúan dentro del marco de la ley, la defienden y exigen su respeto irrestricto, hasta que su ejercicio se traduce en críticas, reclamos u opiniones que molestan, o incluso, desvelan verdades incómodas, y cuando esto pasa, entonces se busca restringirla o en el peor escenario castigar su ejercicio. El mensaje resulta claro: debate, crítica y la diferencia de opiniones no son bien vistas en México.

Diferentes índices sobre satisfacción o desempeño de la democracia dan cuenta que uno de los eslabones más débiles del caso mexicano es la libertad de expresión, lo cual es incompatible con la aspiración de ser una democracia plena. La carta democrática interamericana señala como elemento básico y esencial de la democracia a la libertad de expresión, algo que también la Comisión de Venencia del Consejo de Europa establece como una condición sin la cual ningún sistema puede considerarse una verdadera democracia.

Si bien, la libertad de expresión no es absoluta, debe considerarse que, en contextos electorales dentro de una sociedad democrática, ésta goza de una protección especial o preferente, debido a que se encuentra ligada directamente a los derechos políticos y a su ejercicio. En otras palabras, el sano y necesario debate democrático exige que exista el mayor nivel de circulación e intercambio de ideas, para que cualquier persona pueda cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los candidatos; disentir y confrontar las propuestas, ideas y opiniones que presentan. Este ejercicio es el que permite que las y los electores formen su criterio y tomen decisiones electorales con más información.

En México, no sólo el marco legal está confeccionado a partir de restricciones constitucionales y legales que limitan la libertad de expresión en el plano público, político y electoral; sino que, además, la actuación de las autoridades del Estado mexicano en los diferentes ámbitos se encamina a monopolizar el debate y asegurar que éste sólo pertenezca a la clase política y los partidos.

Lamentablemente vemos que resultan mucho más comunes las denuncias, investigaciones y sanciones en contra de personas u organizaciones que buscan poner en la discusión pública ideas, visiones y puntos de vista sobre el país; que la defensa de quienes son atacados en su reputación, personal u organizacional, desde el estrado público por haberse atrevido a ejercer su libertad de expresión y de pensamiento. Más grave aún resulta que estos ataques a los disidentes ideológicos puedan ir acompañados de acciones disuasivas o abiertamente intimidatorias por parte de quienes detentan el poder con el único fin de inhibir y coartar el debate público.

Resulta preocupante que en un país que se dice democrático, el escándalo y la indignación pública sean provocadas por acciones que en otros países resultan incluso encomiables como: que la ciudadanía manifieste su opinión, que algunos grupos busquen posicionarse sobre temas que son parte de la discusión pública, que haya movilizaciones para confrontar plataformas políticas o contra debatir propuestas de gobierno. Una cuestión diferente es si estamos de acuerdo con las opiniones y propuestas que vienen de la sociedad civil – cualquiera que éstas sean – pero condenarlas por buscar formar parte del debate, es olvidar parte de la esencia de la democracia.

En un Estado democrático, la formación de la voluntad popular se da a través de un proceso dialéctico permanente entre los distintos actores sociales legales y esto no se puede darse si no se garantiza de manera plena y permanente la libertad de expresión.

@EspinosaSilis