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Las últimas políticas migratorias de Trump

De la tinta de Mina Magallón / Colaboradora MVS

Mina Magallón Martes 17 De Septiembre, 2019 · 09:12 am
Las últimas políticas migratorias de Trump
Los esfuerzos del presidente Trump para restringir la entrada a extranjeros a los Estados Unidos están siendo litigadas en los juzgados federales con resultados poco alentadores / Foto Especial

Los esfuerzos del presidente Trump para restringir la entrada a extranjeros a los Estados Unidos están siendo litigadas en los juzgados federales con resultados poco alentadores. Trump recientemente volvió a hacer más cambios en el sistema de inmigración sin la previa autorización del Congreso.  Estas acciones limitando cada vez más las políticas migratorias, así como los cambios recientes a los juzgados de inmigración de los Estados Unidos, demuestran el ataque frontal de la política contra la inmigración de la administración de Donald Trump.

El Departamento de Justicia de los EEUU (similar a la Procuraduría General de la República) administra a los juzgados de inmigración, así como a los jueces de primera y de segunda instancia nombrados por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR). Hay aproximadamente 60 juzgados de inmigración en todo Estados Unidos, y se opera por separado de los juzgados federales, que son los que resuelven juicios penales por delitos migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), conocido como la migra, está encargado de hacer cumplir la ley de inmigración en los Estados Unidos y emplea a los procuradores del gobierno, quienes inician los procedimientos de deportación y administran los centros de detención para los inmigrantes durante el proceso migratorio.  Según estimaciones recientes, hay una acumulación de más de 800,000 casos de inmigración, y algunos expedientes no están programados para audiencias sino hasta 2022.

Para reducir esta carga y manejar casos futuros, el Departamento de Justicia ha propuesto contratar jueces de inmigración adicionales, pero les ha impuesto cuotas a los jueces para que terminen por lo menos 700 casos al año.  La vinculación de alcanzar las cuotas marcadas por el Departamento de Justicia con las evaluaciones de desempeño de estos jueces y las acciones disciplinarias son desafíos preocupantes para la independencia judicial y la integridad del sistema de juzgados de inmigración.

El resultado de estos cambios ha sido reducir la actividad y la autoridad e independencia de los jueces de inmigración transformándolos en simples agentes migratorios, que cumplen con sus responsabilidades bajo el Departamento de Seguridad Nacional pero vestidos con túnicas negras como si fueren en verdad jueces.

Bajo la estructura burocrática del Departamento de Justicia, los jueces para asuntos migratorios son abogados que representan los intereses de los Estados Unidos en el litigio migratorio y no son funcionarios judiciales independientes. Los jueces de inmigración son “jueces administrativos” que son abogados de carrera designados por el procurador general de los Estados Unidos para decidir las peticiones de inmigración de las personas que el gobierno federal está tratando de deportar y reclaman la protección de la ley en estos disque juzgados administrativos.

Como resultado, los jueces de inmigración llevan a cabo procedimientos cuasi-judiciales que involucran los derechos de los inmigrantes a ingresar o permanecer en los Estados Unidos; carecen de la independencia judicial para decidir libremente los casos que se les presentan. Como empleados del Departamento de Justicia, los jueces de inmigración están sujetos a medidas disciplinarias si el procurador general no está de acuerdo con sus decisiones judiciales.

Por ley, el procurador general tiene la obligación de mantener un sistema de juzgados de inmigración que funcione de manera justa y uniforme, teniendo una completa y total autoridad sobre asuntos migratorios.  El procurador general también está facultado de manera única por la ley federal para revisar cualquier decisión de los magistrados por su propia iniciativa (como quien dice porque se le dio la gana) y poder modificar o anular sus decisiones.

Esto es especialmente preocupante pues el procurador general puede anular las decisiones de los magistrados de apelación no obstante en todos los casos el gobierno federal es juez y parte.

Debido a esta falta de independencia judicial, la administración de Trump busca activamente ejercer una gran influencia política sobre los juzgados de inmigración, poniendo en riesgo el debido proceso y el estado de derecho. Los juzgados de inmigración se han vuelto tan politizados que se percibe que sus decisiones no se basan en la ley previamente establecida, sino que representan simples sellos de plástico que imponen las directivas de la política establecida contra la inmigración dictadas por Trump.

En agosto de 2019, el Departamento de Justicia (la Procuraduría) publicó una nueva directriz que limita aún más la función de resolver de los jueces de inmigración en los casos de deportación.

La nueva directriz otorga al director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una persona dentro del Departamento de Justicia sin haber sido confirmado por el Senado de los Estados Unidos, la autoridad para marcar las nuevas directrices de la política a aplicarse.

El efecto práctico de esta nueva autoridad otorgada al director de la EOIR es que estará facultado para actuar como un mini procurador general para acelerar los procedimientos de expulsión, y ya no habrá ninguna separación entre los deberes del director como agente de cumplimiento de la ley y los deberes como supervisor del sistema judicial de inmigración.

La nueva autoridad “judicial” sobre casos de inmigración otorgada al director elimina cualquier apariencia de un sistema judicial independiente que garantice el debido proceso en lugar de la conveniencia política del momento.

En los procedimientos de inmigración, las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución dan derecho a los inmigrantes, sean documentados o indocumentados, a que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento.  Bajo el presidente Trump, el procurador general ha armado un sistema de juzgados de inmigración como un simple mecanismo de deportación automática.  Esto sigue el objetivo de la administración de Trump de rehacer los juzgados de inmigración a su antojo para ordenar las deportaciones masivas al vapor.

La administración de Trump anunció recientemente otro cambio en la política de inmigración que ha sido calificado por un miembro del Senado de los Estados Unidos como la “más inhumana de todas las políticas de Trump”.  A mediados de agosto, las oficinas de Inmigración de los Estados Unidos enviaron notificaciones a cientos de personas extranjeras legalmente admitidas a los Estados Unidos, bajo el programa del gobierno que les permite recibir tratamiento médico que les salva la vida, para que el enfermo y su familia abandonen los Estados Unidos y les dan 33 días para salir o enfrentar la deportación.

El programa de migración, conocido como acción médica diferida, temporalmente protegió a cientos y cientos de inmigrantes gravemente enfermos de la deportación mientras recibían a cambio de cientos de miles de dólares tratamiento médico por aflicciones médicas graves.

Según la migra, la agencia recibió anualmente alrededor de 1,000 solicitudes de acción médica diferida. Se pensaba que los inmigrantes que recibieron el permiso de ayuda bajo el programa de acción médica diferida estaban a salvo de ser removidos por el Gobierno de Trump, permitiendo a los inmigrantes con enfermedades graves y a sus familias a permanecer en los Estados Unidos, mientras recibían un tratamiento que les podría salvar la vida.

Pero las recientes notificaciones recibidas por los enfermos que la migra está mandando reflejan el abuso atroz de la discreción procesal por parte del Gobierno de Trump. Muchos de los inmigrantes que actualmente reciben tratamiento en los Estados Unidos no podrán recibir un tratamiento similar que les salve la vida en sus países de origen y, al ser deportados, tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir.

Este cambio abrupto en la política de inmigración y su aplicación retroactiva a las personas y familias que solicitaron protección contra la deportación antes que entrara en vigor el 7 de agosto de 2019, son otros ejemplos de la manera draconiana en que la administración Trump está decidida a implementar aun retroactivamente sus políticas contra la inmigración.

Correo: mgmagallon@aol.com

Twitter: @MinaMagallon

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