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Las instituciones electorales bajo fuego

Arturo Espinosa Silis 20/Feb/19 09:34
Las instituciones electorales bajo fuego
Durante la segunda mitad del siglo XX en México, la exigencia ciudadana por elecciones democráticas fue ganando fuerza.

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Durante segunda mitad del siglo XX en México, la exigencia ciudadana por elecciones democráticas fue ganando fuerza. Este reclamo alcanzó su punto más elevado después de las cuestionadas y polémicas elecciones presidenciales de 1988. Desde entonces, México ha realizado múltiples esfuerzos por contar con instituciones electorales sólidas, dotadas de autonomía en la toma de sus decisiones e independencia en el actuar de sus integrantes. Mediante las reformas electorales subsecuentes, a las autoridades electorales les fueron conferidas facultades y atribuciones suficientes para garantizar certeza y equidad en las contiendas electorales.

A pesar de los embates de distintas fuerzas políticas para descarrillar a las autoridades electorales en diferentes momentos, hasta ahora la fortaleza institucional ha prevalecido y seguimos contando con autoridades electorales que gozan de autonomía, independencia y experiencia profesional; sin embargo, los tiempos que corren las han colocado en una posición de alta vulnerabilidad y haciéndole frente a una fuerte turbulencia.

Los resultados electorales del 2 de julio de 2018 trajeron consigo un ajuste mayor en el equilibrio de las fuerzas políticas en el país, esta nueva correlación de fuerzas ha tenido un impacto importante dentro del ámbito electoral. En los primeros meses del nuevo gobierno hemos visto cómo las autoridades electorales han estado sometidas a presiones políticas dirigidas a minar la autonomía institucional y la independencia de sus integrantes.

Primero fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tras resolver la validez de la elección a la gubernatura de Puebla −lo que ocurrió bajo un extraño contexto de ataques y descalificaciones entre magistrados y magistradas tanto en el Pleno del órgano electoral, como en los medios de comunicación−, de manera repentina se anunció un relevo anticipado en la presidencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país.

Tras haber sido designado por el Senado de la República y en ejercicio de sus facultades legales, el nuevo titular de la Fiscalía General de la República nombró titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a quien durante las elecciones de 2018 fungió como representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Aunque el Senado de la República puede vetar el nombramiento, y ya existe una propuesta de punto de acuerdo para ello, al día de hoy el nombramiento sigue firme.

El tema de Puebla no terminó en el Tribunal Electoral, pues ante la muerte de la gobernadora y la necesidad de realizar una elección extraordinaria, el discurso de fraude electoral sostenido por la dirigente de Morena y su ex candidato a la gubernatura, así como las constantes descalificaciones hacia la autoridad electoral local, sumado a los múltiples exhortos y manifestaciones públicas para que sea el Instituto Nacional Electoral quien organice las elecciones extraordinarias, el INE terminó cediendo y con una endeble motivación resolvió que debía asumir las elecciones extraordinarias en ese entidad.

A esto se suma que en días recientes un diputado federal de Morena dio a conocer que, en la agenda legislativa de su grupo parlamentario para este periodo de sesiones, se incluyó la propuesta de reforma electoral en la que se busca desaparecer a los órganos electorales locales, tanto administrativos como jurisdiccionales. Hasta ahora su mayor argumento para justificar la desaparición de los órganos electorales locales es que el INE asumió las elecciones extraordinarias en Puebla y como siempre, el cajón de sastre de que las autoridades electorales son muy costosas.

Para muchos podría tratarse de hechos aislados, pero lo cierto es que las señales que se han dado a partir de estas situaciones no son positivas, pues algunas de las acciones tomadas hasta ahora develan una cierta intención de incidir en la autonomía decisional de los órganos electorales y purgar a aquellos integrantes que a los ojos de la nueva mayoría no resulten afines. Probablemente sea muy pronto para encender las alarmas, pero vale la pena desde ahora ir tomando nota de situaciones que en un futuro podrían ser el inicio de ataques sistemáticos a los órganos electorales. El 2021 no es tan lejano como parece y las elecciones intermedias serán claves para la continuidad del proyecto gubernamental.

@EspinosaSilis