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La SCJN ante la Ley Bonilla

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 6 De Mayo, 2020 · 10:55 am
La SCJN ante la Ley Bonilla
Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez / Quadratín Oaxaca

Han pasado 9 meses desde que el Congreso de Baja California, en una franca violación al proceso legislativo, aprobó una reforma constitucional para que la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez tuviera una duración de 5 años, en lugar de los 2 originalmente previstos en la ley.

Esta modificación legislativa desató la indignación colectiva y provocó que partidos políticos como MC, PAN y PRD, entre otros; así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos –entones todavía encabezada por Luis Raúl González Pérez– promovieran acciones de inconstitucionalidad. A pesar de estos recursos, el 1 de noviembre de 2019, Bonilla Valdez tomó posesión del cargo por un periodo de 5 años.

El lunes pasado trascendió en medios de comunicación que Fernando Franco González Salas – el ministro ponente de las acciones de inconstitucionalidad – había terminado el proyecto que pondrá a consideración de sus pares en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que declara la inconstitucionalidad de la reforma para ampliar el mandato del entonces gobernador electo Jaime Bonilla. Ahora tocará al resto de ministros y ministras estudiar el asunto para después debatirlo en el pleno. Al respecto, no podemos perder de vista los siguientes aspectos:

  1. En lo jurídico. Para que el proyecto del ministro Franco prospere y la ampliación del mandato de 2 a 5 años quede invalidada, es necesario que una mayoría de ocho integrantes del Pleno voten a favor de la inconstitucionalidad. En caso de que no se logre esa mayoría de ocho votos, la norma seguirá siendo válida y veremos a Jaime Bonilla como gobernador de Baja California hasta 2024.

Desde el punto de vista jurídico, motivos para declarar la inconstitucionalidad de la disposición transitoria hay muchos, los cuales van desde violaciones al procedimiento legislativo hasta vulneraciones graves a los derechos políticos-electorales de los bajacalifornianos y a los principios rectores del voto y de los procesos electorales, por lo que, bajo está lógica, el proyecto que propone la inconstitucionalidad de la Ley Bonilla debe lograr unanimidad fácilmente.

  1. En lo político. La Ley Bonilla es un asunto que va más allá de lo jurídico por lo que, en este caso, la carga política puede llegar a pesar más que la razón jurídica. No se puede perder de vista que, en la actual integración de la SCJN, dos ministras y un ministro han sido propuestos por el actual Presidente de la República y designados por la mayoría morenista en el Senado. Haciendo cuentas, sólo se necesitaría un voto más para evitar que la declaratoria de inconstitucionalidad tenga efectos generales, y con ello, se invalide la Ley Bonilla.

Ante lo público y notorio del tono cordial de la relación entre el ministro presidente y el Presidente de la República, habría que esperar que tal como ha sucedido en la resolución de asuntos jurisdiccionales, esta afinidad no impacte en la resolución de las acciones de inconstitucionalidad. Sin duda, los próximos días serán de mucha presión para ministras y ministros, misma que ya empezó a notarse con el video que este martes publicó el Secretario de Gobierno de Baja California.

  1. En lo electoral. De lo que resuelva la SCJN dependerá si Baja California tendrá elecciones para la gubernatura en 2021 o si serán hasta 2024; aunque ésta es una consecuencia lógica, es un impacto significativo en los trabajos de organización de las elecciones del próximo año. Con el marco legal vigente, la elección para la gubernatura será hasta dentro de cuatro años; sin embargo, para las elecciones de 2021, el proceso electoral local iniciará formalmente el 13 de septiembre de 2020, algunos preparativos ya se están llevando a cabo desde ahora, por lo que el panorama electoral sería muy distinto si hay, o no, elección a la gubernatura.

Al final de cuentas, ya con proyecto en manos, las tres ministras y los ocho ministros que integran el Pleno de la SCJN están frente a una decisión que se erige como uno de los precedentes más importantes de los últimos años, y que sin duda marcará la presidencia del ministro Zaldívar. Esta decisión no sólo se trata de salvaguardar el orden constitucional del país, sino que también están en juego los valores democráticos del Estado mexicano.

@EspinosaSilis

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de MVS Noticias