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La constitución garantiza el principio de máxima publicidad

Mina Magallón 8/Ene/19 07:24
La constitución garantiza el principio de máxima publicidad
Desde que en Querétaro se firmó la Constitución de 1917, existe la obligación de publicar los nombres de los interesados, no sólo como una cuestión procesal y de comunicación entre las partes, sino que somete la labor del juzgador al escrutinio público

De la tinta de Mina Magallón.

Terca como las mulas sigo gritando a los cuatro vientos de que sería muy fácil, y de manera gratuita, dar el primer paso para combatir con la corrupción y terminar con la impunidad si simplemente se abrieran los juzgados y si el público pudiera tener acceso para leer de principio a fin cualquier expediente en cualquier juzgado.

Desde que en Querétaro se firmó la Constitución de 1917, existe la obligación de publicar los nombres de los interesados, no sólo como una cuestión procesal y de comunicación entre las partes, sino que somete la labor del juzgador al escrutinio público y, de esta manera, el poder absoluto del juez se ve de alguna manera limitado por la opinión publica. Para nuestra Constitución, el principio de máxima publicidad consiste en que el poder judicial debe de publicar la información para el escrutinio público, y en caso de duda razonable respecto a la forma de interpretar y aplicar la norma, se optaría por la publicidad de la información.

Igualmente, en el Diario de los Debates se lee que la publicación de las Listas de Acuerdos era una parte angular fundamental en la impartición de justicia, una formalidad esencial del procedimiento, que de no cumplirse, dejaba en indefensión a cualquiera de las partes y, suponía, además, información del dominio público indispensable para la democracia de un país, un instrumento de combate a la corrupción y una obligación ineludible del Estado con sus ciudadanos.

Hoy en día, al cancelarse información pública que desde siempre se había publicado en el Boletín Judicial que pertenece al dominio público implica un acto de censura, además de un total abuso de poder por parte de quien olímpicamente tomó la decisión de no publicar los nombres de las partes en el Boletín Judicial, ni tampoco publicar los nombres en la Lista de Acuerdos.  Algunos poderes judiciales en los Estados de la República muy discretamente han comenzado a ocultar la información pública relativa a las partes en un litigio que se publicaban en los Boletines Judiciales desde tiempos inmemorables, de esta manera atentándose contra una de las piedras angulares del sistema judicial mexicano que representa el Boletín Judicial para todos y cada uno de los litigios.

Lamentablemente, en materia penal, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se publican las listas de los acuerdos de los procesos penales en el Boletín Judicial, lo que ha provocado escándalos de corrupción y juicios paralelos por parte de los medios de comunicación, así como en las redes sociales.  Se pudiera suponer que esconder la información y, en especial, el nombre de las partes, era únicamente temor al cambio, miedo a no entender las nuevas tecnologías. Sin embargo, la realidad es que NO publicar los nombres de las partes en el Boletín Judicial y la información de los juicios llevan como resultado el encubrimiento, la corrupción y la complicidad, no sólo al ocultar la información de los juzgadores “públicos”, sino también la de los presuntos delincuentes que son buscados internacionalmente y que se encuentran litigando de manera secreta en los juzgados mexicanos sin ninguna publicidad o transparencia, lo que también resulta en asistir de manera idónea al lavado de dinero.

Recordemos que el Congreso Constituyente de 1917 en el que mi abuelo Andrés Magallón fue diputado constituyente estableció en el artículo 73 de la Constitución:

4ta La ley establecerá los medios y mecanismos de participación ciudadana que permitan la oportuna gestión y continua supervisión comunitarias de la acción del gobierno del Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legítimos y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles…

Vemos, pues, que lo único que tenemos que hacer para dar el primer paso para combatir a la corrupción y acabar con la impunidad es pedir que se cumpla con la Constitución y usando las palabras de los constituyentes de Querétaro que en el diario de los debates quedaron grabadas: “…al garantizar la máxima publicidad se somete la labor del juzgador al escrutinio público y de esta manera el poder absoluto del juez se ve de alguna manera limitado por la opinión pública…”

Como diría mi abuelo Andrés Magallón y su dos grandes compañeros constituyentes, el General Cándido Avilez y el Lic. Ignacio Ramos Praslow …arroz.

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