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Harakiri al asilo político en EEUU

De la tinta de Mina Magallón

Mina Magallón Martes 1 De Octubre, 2019 · 07:44 am
Harakiri al asilo político en EEUU
La nueva regla, titulada “Elegibilidad de asilo y modificaciones de procedimiento”, busca cambiar la ley federal existente al prohibir otorgar asilo a los inmigrantes que lo soliciten, a menos que primero se les haya negado la petición de asilo en México u otro país.

El 12 de septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de EEUU resolvió la solicitud presentada por Trump para suspender la orden de protección dictada de manera cautelar por el Juzgado de Distrito de California quien determinó como ilegal la nueva regla migratoria sobre asilo político publicadas el 16 de julio de 2019 por el Departamento de Justicia [La Fiscalía General] y el Departamento de Seguridad Nacional [la migra] negando el asilo a cualquier persona que ingrese a los Estados Unidos por la frontera sur sin primero haber solicitado asilo político en México u otro tercer país.

La nueva regla, titulada “Elegibilidad de asilo y modificaciones de procedimiento” (la “nueva Regla”), busca cambiar la ley federal existente al prohibir otorgar asilo a los inmigrantes que lo soliciten, a menos que primero se les haya negado la petición de asilo en México u otro país.

La resolución dictada por la Suprema Corte determinó suspender la orden dictada por el Juzgado Federal que prohibía la aplicación de la nueva Regla en todo EEUU hasta que se concluyera el juicio en el que se estaba litigando la inconstitucionalidad de la nueva Regla publicada por Trump.

En el Juzgado de Distrito de California se había presentado una demanda por varias organizaciones que se dedican a ayudar sin costo alguno a miles de indocumentados, argumentando que la nueva Regla viola la ley de inmigración de los EEUU, así como los tratados internacionales, equivaliendo a una tajante “prohibición de otorgar asilo”.

En la demanda se argumentó que la ley federal autoriza a cualquier extranjero a aplicar para asilo “sin importar que haya entrado por garita autorizada o haya cruzado el río” 8 USC § 1158 (a) (1).

Los demandantes observan que la nueva Regla está diseñada para obligar a cualquier persona que ingrese a los Estados Unidos y quiera solicitar asilo a que primero deba de transitar por México para llegar a la frontera de los Estados Unidos, lo cual argumentan no tiene ningún sentido lógico o jurídico.

Este no es el primer intento de la administración de Trump de prohibir el asilo.  El año pasado, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional promulgaron una regla que buscaba negar el asilo a todas las personas que no habían ingresado a los Estados Unidos por una garita legalmente autorizada en la frontera, sino que habían cruzado la frontera de manera ilegal.

Esta primera regla fue declarada ilegal por el mismo Juzgado de Distrito de California que lleva ahora este asunto, así como por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito quien también se negó a suspender la orden en aquel entonces, así como por la Suprema Corte de Justicia quien se negó a oír la solicitud de Trump en diciembre de 2018.  Aunque sabemos que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte apoyan a Trump, era tan clara la violación a la ley de asilo que Trump pretendía implementar que no tuvo otra alternativa la Suprema Corte que negarle la petición a Trump.

Ahora con este segundo intento de prohibición de asilo se repite de manera abierta el ignorar La Ley del Refugiado [The Refugee Act], que el Congreso de los Estados Unidos promulgó en 1980 teniendo como propósito cumplir con la Convención de Refugiados de la ONU de 1951.

El Congreso en aquel entonces explicó que buscaba el equilibrio entre un sistema de inmigración eficiente, y al mismo tiempo asegurar que un extranjero con una solicitud de asilo genuina no fuera regresado a su país de origen cumpliéndose de esa manera con la Convención de Refugiados.

Poco después de que la nueva Regla de asilo entrara en vigor en el mes de julio de este año, el Juzgado de Distrito de California ordenó suspender la aplicación de la Regla en todo EEUU.  El Juzgado de Distrito determinó que era poco probable que el gobierno de Trump tuviera éxito en demostrar que la Regla era legal y que no se violaba ninguna ley.

El gobierno apeló ante el Tribunal del Noveno Circuito quien resolvió suspender la orden mientras estuviera pendiente la apelación y limitó la aplicación de la orden de protección cautelar únicamente en Arizona y California.  Inmediatamente, los demandantes impugnan ante el mismo Juzgado de Distrito el provisto del Tribunal de Apelación para restablecer el alcance nacional de la orden de protección judicial buscando se prohibiera la aplicación de la Regla en base a nuevas evidencias complementarias, así como con los nuevos argumentos presentados en la audiencia del 5 de septiembre de 2019.

El Juzgado de Distrito determinó que los demandantes habían demostrado una vez más la posibilidad de daño irreparable para los demandantes que se les causaría si se llegare a aplicar la nueva Regla.  El 9 de septiembre de 2019, el Juzgado de Distrito firmó la orden de protección cautelar una vez más prohibiendo la aplicación de la nueva Regla de asilo en todo EEUU.

Según la propia ley de asilo promulgada por el Congreso de los Estados Unidos, el asilo se le podría negar al solicitando cuando:  (1) “el solicitante fue reubicado permanentemente en otro país antes de llegar a los Estados Unidos” y, por lo tanto, ya había asegurado un refugio contra la persecución, o (2) el solicitante tiene un acuerdo formal de seguridad con un tercer país, que obliga al tercer país a recibir al solicitante de asilo, garantizando su seguridad, así como la existencia de un proceso de asilo justo y eficiente. 8 U.S.C. §§ 1158 (a) (2) (A), (b) (2) (A) (vi).  Se argumenta que las dos únicas excepciones permitidas por el precepto legal arriba citado están siendo violadas olímpicamente con esta nueva Regla.

El reciente intento del gobierno de Trump de cambiar las reglas para impedir el asilo viola las disposiciones explícitas que marca la ley.  Según la nueva Regla, es irrelevante si un extranjero se estableció permanente o temporalmente, o viajó a través de un tercer país en un autobús o tren.  También es irrelevante si hay alguna evaluación de la seguridad de un tercer país, o si su procedimiento de asilo es eficiente y justo. Lo único que es importante para Trump con su nueva Regla es que el extranjero antes de solicitar asilo en los Estados Unidos debe de haber solicitado asilo en México o cualquier otro país y tenga todas las evidencias y pruebas que su aplicación de asilo fue negada. (Los documentos probatorios deberán ser originales, traducidos por perito traductor autorizados en los EEUU y con la apostilla de acuerdo a la Convención de la Haya).

Después de que la resolución del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito ordenara no se aplicara la nueva Regla en el estado de Arizona y California, el gobierno de Trump pidió a la Suprema Corte quien resolvió a favor de Trump que la nueva Regla también se aplicara en el estado de Arizona y California, argumentando que la orden cautelar del Juez de Distrito era ilegal ya que un juez federal no podía declarar como ilegal la política migratoria del gobierno de Trump.

La solicitud presentada por Trump ante la Suprema Corte y su resolución son inusitadas debido a que el Juzgado Federal que dictó la orden cautelar no ha terminado el proceso en que se está litigando la cuestión y así poder decidir si la Regla es o no de acuerdo a derecho.  El asunto todavía no se ha concluido, el Juzgado no ha tenido la oportunidad de analizar el mérito de lo que reclaman las partes, no existe todavía una resolución de fondo afectando a todo aquel inmigrante que busca pedir asilo en los EEUU.

La posición del gobierno de Trump es que el gobierno federal puede imponer cualquier restricción al procedimiento para pedir asilo siempre y cuando no exista en la ley una declaración explícita que lo prohíba.  Este argumento es cuestionable porque la afirmación es contraria al esquema legal actual y permite de esta manera al gobierno federal sustituir su propio juicio por el del Congreso de los Estados Unidos.  El intento de cambiar el marco legal para pedir asilo es inconsistente con la ley que válidamente y de acuerdo con la Constitución promulgó el Congreso de los EEUU.

El gobierno de Trump sigue moviendo sus piezas de ajedrez buscando la manera de cerrar todas y cada una de las pocas alternativas que existen al día de hoy para poder pedir asilo en los EEUU, de ahí el título de harakiri que le doy a esta nota.

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