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Frivolidades electorales

De la tinta de Arturo Espinosa Silis

Arturo Espinosa Silis Miércoles 29 De Agosto, 2018 · 10:02 am
Frivolidades electorales
Samuel García Sepúlveda, senador electo en Nuevo León

Yoda, Gokú, Homero Simpson, André-Pierre Gignac y la playera del equipo de futbol Tigres, dominaron la conversación al inicio de la semana pasada debido a una polémica resolución aprobada en la madrugada del lunes 20 de agosto, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Los magistrados y magistradas resolvieron un recurso de reconsideración presentado en contra Samuel García Sepúlveda y Víctor Fuentes Solís −electos como senadores por Nuevo León en los comicios pasados− por el supuesto rebase del tope de gastos de campaña en virtud del uso de playeras del equipo de futbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, modificadas con elementos asociables con las campañas de cada uno de los entonces candidatos.

Parte del origen de esta controversia, está en la desarmonía normativa que existe en los plazos que, tanto el TEPJF como el INE, tienen para resolver los recursos relacionados con la elección de diputaciones federales y senadurías. Mientras que las salas regionales del tribunal tienen como límite el 3 de agosto para resolver los recursos correspondientes, el INE tenía hasta el 6 de agosto para solventar los asuntos en materia de fiscalización de estas campañas, lo que termina por provocar que, si se aduce la causal de nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña, las salas regionales deban pronunciarse aún si no cuentan con todos los elementos necesarios para ello. Asimismo, la Sala Superior tiene hasta el 19 de agosto como límite para resolver las impugnaciones relacionadas con la elección de legisladores federales.

Más allá del debate que desató esta resolución por algunos aspectos valorados en la misma, vale la pena, con pretexto de ésta, reflexionar sobre dos aspectos atingentes del sistema electoral mexicano, particularmente de la justicia electoral. 

El primero tiene que ver con que comúnmente las autoridades electorales, tanto administrativas como juridiccionales caen en la sobreinterpretación de las normas, al prohibir y/o sancionar conductas que no se encuentran previstas en la legislación electoral. Un ejemplo de ello, es esta sentencia en la que el Tribunal mandata al INE a emitir una nueva resolución en materia de fiscalización en cada caso, para lo cual, entre otros aspectos, se debía cuantificar “el valor de la ventaja que se adquiere por autoidentificación con las marcas” presentes en las playeras de este equipo -al estimar que esto produce un beneficio económico para los candidatos- y este valor deberá ser sumado a los gastos de campaña. Sin embargo, esta conducta no está expresamente prohibida en la ley. Muchas veces esto se detona porque partidos y actores presentan recursos legales basados en argumentos que van de lo frívolo a lo risible, pasando por lo irreal, con la expectativa de que estos serán analizados y posiblemente atendidos. 

El segundo, y que resulta aun más preocupante, es que la actuación de las autoridades electorales no es oficiosa, sino que es resultado de la frivolidad de las pretenciones que hacen valer los impugnantes (muchas veces partidos políticos), las cuales, cada vez con mayor frecuencia buscan utilizar la justicia electoral como un recurso final para lograr ya sea modificar el resultado de una elección a su favor, o bien, intentar su anulación para poder tener otra oportunidad de ganar en una eventual elección extraordinaria, como si se negaran a aceptar que el punto central de un proceso electivo es la manifestación de la voluntad popular mediante la votación.

Más allá de lo reprobable que resulta que cualquier fuerza política busque obtener en tribunales lo que no ganó en las urnas, es preocupante que al utilizar los tribunales como un medio para satisfacer caprichos más que para hacer valer el ejercicio de derechos, terminan por despilarar la confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales y sus actuaciones. Estas determinaciones (consecuencia de peticiones frívolas), indefectiblemente opacan aquellas que son realmente trascendentes y que contribuyen efectivamente a salvaguardar los principios constitucionales que deben observase en las elecciones, o la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

La justicia electoral debe ser entendida como un instrumento para salvaguardar y fortalecer nuestra democracia y no como un mecanismo para cumplir los caprichos de la clase política que la ciudadanía no favoreció.

@EspinosaSilis

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de MVS Noticias