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El Chapo no está soñando

De la tinta de Mina Magallón

Mina Magallón Martes 24 De Septiembre, 2019 · 06:59 am
El Chapo no está soñando
Joaquín "El Chapo" Guzmán / Reuters

Hemos venido leyendo que el Chapo quiere que su dinero se reparta entre los pueblos indígenas de México  y que Andrés López Obrador está de acuerdo, que el Senado de la República buscaría la manera de crear, con el gobierno, una comisión binacional con Estados Unidos para negociar la repatriación de bienes y recursos decomisados al Chapo; y también leíamos que Trump quiere usar el dinero del Chapo para construir su muro. De ahí que me senté a revisar la ley federal en EEUU al respecto y encontré que el Chapo no está soñando por lo siguiente:

La ley federal de los Estados Unidos otorga autoridad para decomisar propiedades de personas que han sido condenadas por delitos federales graves, incluyendo el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el fraude, el lavado de dinero, el crimen organizado y el terrorismo. En los casos penales que permiten decomisar bienes, los fiscales federales primero deben demostrar que el acusado obtuvo la propiedad como resultado de una actividad ilegal. Las leyes penales federales que autorizan el decomisar están diseñadas para castigar al acusado, reducir las ganancias de la actividad criminal y generar ingresos para las agencias federales dedicadas a combatir a los delincuentes. La mayoría de los estados también tienen leyes que permiten a las agencias policiales y fiscales estatales decomisar bienes ganados o utilizados en actividades delictivas.

Si un fiscal federal sabe de la existencia de bienes que pudieran estar sujetos a ser embargados, el fiscal acusará a los bienes (sí, a los bienes directamente) utilizados o productos del delito junto con el acusado. En la propia acusación, se le notifica al acusado de la intención del gobierno de decomisar sus propiedades y dinero, aunque no tiene conocimiento de la ubicación de la propiedad.

En el caso penal federal contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el gobierno de los EEUU acusó al Chapo de diecisiete cargos, alegando que el acusado conspiró y estuvo involucrado en delitos de manera continua importando y distribuyendo drogas de manera ilegal a los EEUU. La acusación también incluyó una notificación, de acuerdo con las leyes federales para el decomiso penal, conocidas como 18 U.S.C. § 982 y 21 U.S.C. §§ 853 y 970, de que el gobierno tenía la intención de buscar para decomisar todos los bienes derivados del producto de las presuntas actividades delictivas del acusado que ascendían a más de $12 mil millones de dólares. El 17 de julio del presente, el juez federal Brian Cogan firmó una orden de decomiso, que se convirtió en parte integral del expediente de la sentencia en contra del Chapo, en la que se ordenó al Chapo a entregar a los Estados Unidos la cantidad de $12,666,191,704.00USD (la “orden de decomiso”). Debido a que la orden de decomiso no se ha cumplido de acuerdo a lo ordenado, el Procurador General de los Estados Unidos está ahora autorizado a realizar las indagaciones necesarias para localizar cualquier propiedad en cualquier lugar del mundo para satisfacer la orden de decomisar el dinero y propiedades del Chapo.

Una vez que el acusado es condenado y se ha tomado la determinación de que la propiedad generalmente identificada en la acusación será decomisada porque es producto de una actividad delictiva, el fiscal federal debe publicar una lista identificándose específicamente la propiedad que se decomisará y debe permitir a que terceros que argumenten tener interés en la propiedad a decomisar puedan objetar el procedimiento. Esto permite que terceros con un interés en la propiedad comparezcan en una audiencia auxiliar y se opongan a la orden para decomisar propiedad(es). La parte que objete y se oponga a que se decomise deberá presentar pruebas demostrando que la propiedad sujeta a embargo no estuvo involucrada en el delito ni tampoco fue utilizada con fines ilegales. Los dueños de propiedades “inocentes”, que puedan probar que no dieron su consentimiento para el uso ilegal de la propiedad, o puedan demostrar que no tenían ningún conocimiento de ello, podrán objetar y recuperar se les entregue la propiedad que se buscaba decomisar. Después de escuchar las objeciones que presenten terceros sobre la propiedad a decomisar, el juzgado federal emitirá una orden final de decomiso que permite la transferencia de la propiedad al gobierno o a terceros. Se establece claramente en el procedimiento de decomiso de bienes, que el Fiscal General de los Estados Unidos está autorizado y puede transferir la propiedad decomisada a un país extranjero que haya asistido directa o indirectamente en el procedimiento de decomiso de activos o propiedades.

El gobierno también puede buscar se confisque la propiedad mediante la presentación de una demanda civil contra la propiedad misma. En el procedimiento civil de confiscación el gobierno debe de probar que la propiedad de alguna manera está relacionada con la comisión de un delito.

Asuntos de procedimientos recientes de confiscación civil:

• En 2018, un tribunal de distrito federal de Nueva York ordenó se decomisara más de $143 millones en activos, incluidos fondos de cuentas, divisas, automóviles de lujo, joyas y arte, de un acusado, ahora fallecido, condenado por fraude y obstrucción de la justicia. El acusado murió mientras su caso penal estaba en apelación y, como resultado, su condena penal y sentencia fueron anuladas. No obstante, los bienes incautados del acusado permanecieron embargados porque el gobierno había presentado previamente una demanda civil para decomisar bienes, por lo que el gobierno pudo procesar con éxito contra los bienes incautados. La demanda civil prosigue no obstante el acusado haya muerto.

• En 2017, el juzgado de distrito federal de Nueva York confiscó un edificio de oficinas de 36 pisos en Manhattan con valor de más de $500 millones, y otras propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias embargadas por el gobierno por haberse violado la prohibición de tener relaciones comerciales con Irán. Este decomiso civil fue el mayor en la historia de lucha contra el terrorismo.

Vemos, pues, que, si el gobierno mexicano se pone las pilas haciendo lo que marca la ley arriba mencionada, pudiera ser que en lugar a que el dinero del Chapo lo use Trump para construir su dichoso muro, se pueda usar para construir casas, escuelas y hospitales entre los pueblos indígenas en México como lo sueña el Chapo.

Correo: mgmagallon@aol.com

Twitter: @MinaMagallon

Facebook: Mina Magallon