¿Deseas recibir notificaciones?
Radio
Webcam
Buscar
Obscuro
Lo más buscado:
Link Copiado
A A

Del pleno al ring de la arena pública

De la tinta de Arturo Espinosa Silis.

Arturo Espinosa Silis Miércoles 19 De Diciembre, 2018 · 10:52 am
Del pleno al ring de la arena pública
Los tribunales son, o al menos deberían ser, instituciones sólidas y consistentes en materia de impartición de justicia y salvaguarda de derechos

Las instituciones cumplen múltiples propósitos, pero de forma general podríamos decir que una de sus virtudes centrales es la de trascender a los individuos que las conforman; es decir, dar continuidad y sustancia a las tareas cuya función les fue encomendada, independientemente de sus titulares o responsables. Por eso, cuando alguien dice que México es una nación de leyes e instituciones lo hace en tono celebratorio, pues para quien las valora, el que sea así es un logro en sí mismo.

En este sentido es que los tribunales son, o al menos deberían ser, instituciones sólidas y consistentes en materia de impartición de justicia y salvaguarda de derechos; por lo tanto, las expectativas que se ponen sobre los juzgadores que les conforman no pueden ser de menor estatura que aquellas que se esperan de la institución propiamente.

Por lo anterior, cuando pensamos en el perfil que debe tener un juzgador deseamos que cuente con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, que sus conocimientos sean sólidos y que se encuentre actualizado en, al menos, las más recientes teorías jurídicas, los criterios jurisdiccionales y por supuesto las últimas reformas legales. Desafortunadamente, en México pocas veces indagamos sobre la trayectoria y el desempeño que las y los postulantes a una magistratura han tenido en responsabilidades previas.

Esta reflexión viene a cuenta de los más recientes desencuentros surgidos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con motivo de la resolución sobre la elección a la gubernatura en Puebla.

Este desafortunado episodio deja ver la importancia que tiene que quienes van a juzgar y formar parte de un órgano colegiado -y en realidad cualquiera que forma parte de una institución pública- sepan anteponer los intereses institucionales a sus intereses personales, pues este tipo de desatinos más que lastimar a las personas involucradas terminan por golpear en la línea de flotación de la institución.

Los diferendos y desencuentros son naturales, y quizá incluso deseables, en un órgano colegiado de decisión. Lo que no es ni deseable ni aceptable es la forma en la que ambos han elegido ventilarlos a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, en donde han cruzado acusaciones sobre su actuar y el sentido de su voto en esta impugnación particular.

Es válido cuestionar el sentido y contenido de los fallos que emiten los órganos jurisdiccionales, pero para todo hay momentos. Los juzgadores que forman parte de un órgano colegiado tienen las sesiones del pleno para debatir, argumentar y contra argumentar respecto de la propuesta o proyecto que se les presenta. Ese es el espacio natural e institucional donde pueden exponer de manera amplia sus posiciones y manifestar su disenso respecto de la postura que se somete a debate, al final es la mayoría quien decide el sentido y las razones del fallo, así funciona la impartición de justicia en los órganos colegiados.

Y más allá del pleno, se encuentra el ámbito académico donde las y los estudiosos, especialistas e incluso las y los propios juzgadores pueden intercambiar ideas y posturas, debatir o disentir en un ámbito distinto del jurisdiccional.

Desafortunadamente, no todos o todas las juzgadoras son partidarios de compartir una mesa en el ámbito académico para debatir una resolución por ellos votada, pues prefieren los espacios y los ámbitos donde tienen el monopolio de la palabra.

Llevar el disenso surgido en un órgano jurisdiccional a las redes sociales y a los medios de comunicación de manera caprichosa y con un afán revanchista, daña la legitimidad y credibilidad de la institución, pues evidencia que el interés personal se antepone al institucional y que, por tanto, no se tiene el talante para la investidura que les ha sido encomendada. La justicia electoral enfrenta una nueva crisis, y en esta ocasión, han sido los integrantes de la Sala Superior quienes la generaron al no saber resolver sus diferencias personales y jurisdiccionales por la vía de los canales establecidos para ello.

@EspinosaSilis