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16 estados entablan demanda contra Trump

Mina Magallón 5/Mar/19 07:52
16 estados entablan demanda contra Trump
Al darle a Trump una “derrota” por no autorizar el presupuesto para su muro efectivamente lo estaban obligando a declarar la emergencia nacional.

De la tinta de Mina Magallón

En la nota del 15 de enero de este año, escribimos que la Constitución de los Estados Unidos no contenía ninguna disposición de emergencia nacional que le permitiera al presidente gastar dinero que no estuvieren previamente autorizados por el Congreso y que como el Congreso no había autorizado el presupuesto para la construcción de un muro fronterizo, el presidente no podía violar los límites que el Congreso le había marcado, aun cuando Trump declarara que existía un estado de emergencia nacional.

Reconocíamos que el poder que tiene el Congreso es el “poder de controlar la chequera” el cual lo ejerce aprobando o no aprobando programas del poder ejecutivo. Es la mejor arma que la Constitución le otorgó al Congreso para poner verdaderos límites al poder absoluto del ejecutivo.

El poder de controlar la chequera por los representantes se originó en Inglaterra en el siglo XIII y desde aquel entonces cuando se reunían en el Parlamento el cetro se colocaba sobre la mesa como símbolo que el monarca estaba presente pero cuando se reunían para discutir algún asunto sobre el presupuesto el cetro se ponía debajo de la mesa como símbolo que la corona no tenía ninguna autoridad cuando se discutía el presupuesto. Hoy en día esta tradición de esconder el cetro debajo de la mesa sigue observándose cuidadosamente en el Parlamento.

En retrospectiva, parece obvio que el presidente Donald Trump planeaba con tener el oro y el moro. Trump firmó el acuerdo con el Congreso aprobándose el presupuesto del gobierno que le proporcionó $1.375 billones para su muro evitando de esta manera el cierre del gobierno. Pero ese mismo día Trump se da la media vuelta y de un plumazo declara estado de emergencia nacional para obtener de otro lado fondos para su muro.

Hoy se presume que el Congreso sabía de antemano que esto iba a suceder. Deben haberse dado cuenta de que al darle a Trump una “derrota” por no autorizar el presupuesto para su muro efectivamente lo estaban obligando a declarar la emergencia nacional. Seguramente esta decisión fue un cálculo político del Congreso quien sabe de memoria que la Constitución estipula que “no se tocará dinero de Hacienda” sin una [previa] asignación del Congreso y que la Constitución no hace ninguna excepción para emergencias nacionales y que la separación de poderes es la piedra angular de la Constitución de EEUU.

Como consecuencia de la violación de poderes, dieciséis (16) Estados de la Unión Americana, entre los que se encuentran California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon y el distrito de Virginia, presentaron una demanda colectiva el lunes 18 de febrero en los juzgados federales del Distrito del Norte de California pidiéndole al juez que declare ilegal la medida de emergencia nacional que el presidente Donald Trump está usando como un simple pretexto para apropiarse de fondos para su muro, fondos que ya habían sido previamente designados para que los estados tuvieran fondos para financiar sus propios programas estatales tal y como la campaña contra el uso de drogas, construcciones habitacionales para los militares, aumentar la seguridad policial entre otros muchos programas y que Trump no puede ahora olímpicamente quitárselos con un simple plumazo.  Además, se argumenta en la demanda el daño ecológico irreparable que traerá la construcción del muro.

Estipulan los estados demandantes que tampoco hay una base objetiva para la declaración de emergencia nacional del presidente Trump.  Otro argumento que me pareció interesante es que se argumenta la propia admisión del presidente Trump de que no es necesaria una declaración de emergencia nacional.  Así mismo, los estados demandantes manifiestan que los datos de Aduanas y Protección Fronteriza (“CBP”) muestran que las entradas de indocumentados es la más baja en 45 años y que el mismo Departamento de Estado reconoce que no hay evidencias suficientes creíbles de que terroristas están entrando a EEUU por la frontera con México.

Presentan como su último argumento la evidencia de que no existe una emergencia nacional con el documento que publicó el Departamento de Aduanas demostrando que el tráfico de drogas se hace a través de las garitas y puentes oficiales de entrada a los EEUU y no por el desierto o partes de la frontera que no tienen carretera.

Los demandantes le piden al juez que declare que: (a) la diversión de fondos federales para la construcción del muro es inconstitucional y/o ilegal porque viola la separación de poderes, (b) se viola la cláusula que establece que solo el Congreso tiene la autorización de aprobar los gastos; y (c) el ejecutivo excedió los límites que marca la Constitución cuando toma fondos que no fueron autorizados por el Congreso.

Sabemos que esta demanda tomará más de una década en resolverse, por lo que creemos que fue una estrategia política que el Congreso planeó cuidosamente para alargar por décadas la construcción del muro.  Vemos que el juego de ajedrez a la sexta dimensión continua.

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